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Alemania aprueba limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos de la UE sin empleo

7 de octubre de 2016 – Berlín – EFE.

El Gobierno alemán ha alcanzado un acuerdo para limitar las prestaciones a los ciudadanos de la UE que se encuentren en el país sin trabajar, que sólo podrán cobrar ayudas sociales tras cinco años de residencia, según informó hoy el grupo de medios Funke.

Angela Merkel durante una conferencia en Berlín Reuters.

Angela Merkel durante una conferencia en Berlín
Reuters.

La ministra de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles, avanzó estos planes a finales del año pasado y en los últimos meses se han sucedido las negociaciones en el seno de la gran coalición hasta que se ha cerrado un proyecto de ley que previsiblemente llegará a la mesa del Consejo de Ministros la próxima semana.

El objetivo es, según explicó la ministra, evitar la inmigración que busca aprovecharse del sistema social alemán, principalmente procedente de los países del este de Europa.

Según el proyecto, los comunitarios sin ocupación podrán optar a prestaciones sociales, entre ellas el denominado “Hartz IV” -para empleados con ingresos bajos, personas incapacitadas para trabajar y desempleados de larga duración- únicamente después de una estancia de cinco años en el país sin haber percibido ayudas públicas.

Seguirán teniendo acceso a esa prestación, por ejemplo, quienes tengan empleos con ingresos insuficientes para garantizar su subsistencia, buena parte de los beneficiarios del “Hartz IV”.

Cuando adelantó esta iniciativa Nahles defendió la necesidad de cubrir una laguna y preservar la aceptación de la que goza la libertad de movimientos en Europa, aunque aseguró que, según las actuales estadísticas, son pocas las personas afectadas.

El proyecto del Gobierno alemán comenzó a fraguarse después de una sentencia del Tribunal Federal de Asuntos Sociales, según la cual los ciudadanos comunitarios pueden solicitar esas ayudas tras seis meses de residencia en Alemania.

Antes, el Tribunal de Justicia de la UE había determinado que un Estado miembro puede excluir de ciertas prestaciones a ciudadanos comunitarios recién llegados al país que no ejerzan una actividad económica ni busquen activamente trabajo.

Tras la sentencia del Tribunal Federal de Asuntos Sociales, los corporaciones locales reclamaron una normativa que evitara un efecto llamada a Alemania,

Según la Federación de Municipios, esa sentencia y la actual legislación podrían hacer del país un destino aún más atractivo para los flujos de inmigrantes.

Datos recientes de la Agencia Federal de Empleo muestran que más de 1,5 millones de extranjeros perciben “Hartz IV”, alrededor de 440.000 de ellos originarios de países de la UE y en torno a 17.000 de ellos españoles.

El principal grupo lo componen los polacos (algo más de 92.000), seguidos de italianos (cerca de 71.000), búlgaros (70.000), rumanos (57.000) y griegos (46.000), aunque muchos de ellos cobran la prestación para complementar bajos salarios.

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