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Álvaro Uribe: «La paz con las FARC no puede poner en riesgo la democracia»

29 de noviembre de 2016 – Agencias.

Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, es senador por el partido Centro Democrático, fundado hace tres años con vistas a unas presidenciales que su candidato perdió ante Juan Manuel Santos. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho en Colombia. Uribe se erige hoy, una vez más, como una de las principales fuerzas del país. Su popularidad ha crecido y su partido es un serio aspirante a la victoria para las elecciones de 2018, sobre todo después de vencer en el plebiscito del «no». Tras la firma del acuerdo de paz la semana pasada, Uribe asegura en una entrevista telefónica que su partido seguirá trabajando en el Congreso, donde no tiene mayoría, para modificar el texto, y en la calle, impulsando un referéndum de origen popular para que los colombianos voten sobre las cuestiones más delicadas del pacto con la guerrilla. Hoy se refrenda el nuevo texto en el Senado y mañana se hará lo propio en la Camára de Representantes. Salvo imprevistos, los parlamentarios darán luz verde al segundo acuerdo de Santos con las FARC.

Álvaro Úribe - expresidente de Colombia

Álvaro Úribe – expresidente de Colombia

–¿Sin consenso nacional se podrán cerrar las heridas de la violencia en Colombia?

–Los que votamos por el «no» estamos de acuerdo con la paz. Se modificaron unos puntos, pero los temas sustanciales no los quisieron modificar, temas como la impunidad, la elegibilidad política de los criminales, el narcotráfico y las víctimas. El Gobierno siempre les prometió a los colombianos una refrendación popular directa. Primero prometieron un referéndum y decidieron bajar el umbral electoral del 50% al 13%. Después redujeron todo el acuerdo a una sola pregunta en el plebiscito. Más tarde fueron a una campaña que nos puso en total desventaja a los del «no», en dinero, en publicidad, en avaladores, incluso recurrieron hasta el Santo Padre. Abogaron por el «sí» y perdieron. El Gobierno ya no apela a la refrendación popular para sacar adelante el acuerdo con las FARC sino a una proposición del Congreso. Eso es una falta de respeto al pueblo y a la Ley. Están buscando un camino para que todo sea por facultades extraordinarias del presidente de la república y por una reforma constitucional exprés. Todo esto es grave.

–Además, senadores de su partido han pedido unas elecciones anticipadas…

–Colombia no tiene ese mecanismo. Lo que nosotros vamos a proponer es seguir discutiendo en el Congreso y seguiremos abiertos al pacto nacional que el Gobierno ha negado. También vamos a proponer a los compatriotas un referéndum de origen popular que incluya unas cinco o seis preguntas de temas sensibles.

–¿El uribismo ha cedido en algún punto después del plebiscito para intentar llegar a un consenso nacional?

–Nosotros dimos una señal de apertura sobre el asunto de la elegibilidad política. Colombia prohibió la elegibilidad de criminales. En muchas legislaciones democráticas existe esa prohibición. España permite ser elegido después de que el criminal haya cumplido la pena. Mis compañeros del «no» dijeron que para facilitar el acuerdo estaban dispuestos a adoptar la norma española. Pero ni eso fue considerado por el Gobierno de Santos. El acuerdo que se ha firmado considera que el narcotráfico es un delito conexo con el delito político. Qué le vamos a decir a las nuevas generaciones si estamos amparando una impunidad total. Colombia va por muy mal camino.

–Si el Centro Democrático ganara las elecciones en 2018, ¿respetaría este acuerdo?

–Siempre apoyamos todo lo necesario que sea a favor de la paz, pero rechazamos todo lo que le haga daño a la democracia.

–¿Alentarán protestas en la calle contra este acuerdo?

–El país también tiene otros problemas muy graves. Se ha desacelerado mucho la economía. El Gobierno nos ha asfixiado a impuestos por el aumento del gasto público, y ahora propone más impuestos. Hay un creciente malestar en el país. Nosotros vamos a estar en la tarea institucional, haciendo nuestro trabajo en el Congreso y, además, en la calle proponiendo los mecanismos directos del pueblo. Por eso estamos pensando proponerles a los compatriotas del «no» ese referéndum con pocas preguntas.

–¿El Gobierno podrá desarrollar todas las leyes que requiere el acuerdo de paz antes de que acabe el mandato del presidente Santos en poco más de un año?

–Están tratando de hacerlo violando la Constitución. Están tratando de hacerlo a través de la reforma de la Constitución por un procedimiento excepcionalmente abreviado y mediante la incorporación a la ley por decreto de los temas que tendrían que ser desarrollados de otra manera. Para hacer eso habrían necesitado haber ganado el plebiscito. Ahora pretenden, habiendo perdido el plebiscito, llevar esto a cabo.

–¿Reconoce que la modificación de los acuerdos mejora la primera versión?

–Hubo una mejoría y así lo reconocimos, pero hay en otros temas unas diferencias que se pueden discutir en el Congreso, son esos temas esenciales a los que el Gobierno no quiso plantear ninguna modificación. Son los temas de las víctimas, a las que nosotros hemos acompañado. Existe una base de datos con más de 600 secuestrados de las FARC de cuyo destino no se sabe nada. Otro tema muy grave es el tribunal que se crea a la medida de la paz, por encima de la Justicia colombiana y que tendrá al país en vilo durante veinte años.

–¿Cree que Santos ha traicionado la voluntad popular?

–Desconocieron el resultado del plebiscito y ahora insisten en los acuerdos.

–¿No cree que fue bueno acelerar la reforma de los acuerdos para acabar con la incertidumbre?

–El Gobierno presentó una reforma cosmética a los acuerdos de paz, de maquillaje, como un triunfo, pero a la postre le hace daño a la democracia colombiana. Nosotros pedimos unas modificaciones al texto que son consecuentes con nuestra campaña por el «no», son unas reformas que protejan a las FARC en aras de la paz, pero que protejan a nuestra democracia. Nosotros pedimos que hicieran esas reformas por el bien de la democracia colombiana. Cuando hacíamos la campaña, dijimos que, si ganaba el «no», nosotros no éramos partidarios de que se regresara a la violencia, sino de que se hicieran reformas de fondo a los acuerdos en temas muy precisos.

–¿De verdad considera que con este acuerdo de paz el Gobierno está entregando el país al castrochavismo?

–El fracaso de Venezuela es un ejemplo de nuestros días que debe llamar la atención de Colombia y que los votantes del «no» tuvieron en cuenta en el plebicisto. Cuando la oposición de Venezuela está tratando de superar ese fracaso, a pesar de la obstinación de la dictadura, nosotros, los colombianos, no podemos permitir que la paz se confunda con abrir un camino que nos lleva a la realidad de Venezuela. Ése es el error que se ha cometido en nuestro país y que queremos enmendar.

–¿Los miembros de las FARC tienen asegurada la protección con este acuerdo?

–Nosotros hemos aceptado las normas de protección para las FARC y hemos pedido protección para nuestra democracia, para la competitividad del país y para la iniciativa privada, que es el único camino para superar la pobreza y construir equidad. Hemos pedido respeto a las instituciones colombianas, a la Justicia. Nos hemos opuesto a la impunidad total. Las FARC han presentado una lista de menos 5.700 personas en un país de 50 millones de habitantes. ¿Por qué hay que entregar la Constitución y la agenda nacional a ese grupo, que además ha sido caracterizado como el mayor cartel de cocaína del mundo? Tenga en cuenta lo siguiente: cuando el presidente Andrés Pastrana presentó el Plan Colombia con el presidente estadounidense Bill Clinton, se decía que Colombia era un Estado fallido, que tenía 170.000 hectáreas de coca. La Fiscalía ha certificado que hoy hay entre 150.000 y 200.000 hectáreas de coca en el país. Alrededor de eso giran 3.500 bandas criminales. Lo que se acuerde con las FARC, en contra de nuestra democracia y nuestra Justicia, va a crear mayores dificultades para que el país enfrente todos estos factores de criminalidad que giran alrededor de ese hectareaje de coca y de esas 3.500 bandas criminales. Además, hay disidentes de las FARC y también del ELN.

–¿Cree que Santos podría haber acabado con las FARC sin negociar con la guerrilla?

–Hay que mirar dos momentos históricos. Uno es 2010, cuando se eligió al presidente Santos bajo la plataforma de nuestro Gobierno, un Gobierno que con sus errores alcanzó un gran prestigio. Las tres políticas que lo conducían eran la seguridad, la política de inversiones y la política social. Gracias a eso ganó el presidente Santos. Si él hubiera mantenido esas políticas, el país ahora estaría en paz. El narcotráfico ya se habría acabado. En 2012, el país había bajado a 47.000 hectáreas de coca. Tal y como veníamos trabajando, el narcotráfico era acabable. Segundo, es muy posible que los cabecillas de las FARC estuvieran refugiados en La Habana o en Caracas, pero los 5.700 de las bases que están en Colombia ya estarían desmovilizados. El país habría ganado la paz, ergo a eso renunció el presidente Santos.

Las FARC han tenido dos triunfos que nunca habían esperado y que los concedió Santos: uno es el reconocimiento por parte de Estados Unidos y de Europa a pesar de que es el cartel narcoterrorista más grande del mundo. Ahora quieren imponer, a través de los acuerdos, un camino marxista leninista, así lo declararon ellos la semana anterior al plebiscito, en la expresión de Venezuela. Pero nosotros tenemos que defender nuestra democracia contra eso.

¿Cuál es su propuesta de paz?

–Queremos que se modifiquen todos los textos en aquello que le cree riesgo a la democracia y a la iniciativa privada, a la Justicia, y lo relativo a la impunidad. Nos oponemos a la sustitución de la Justicia ordinaria colombiana por una Justicia transicional donde participen jueces extranjeros. Segundo, nos oponemos a que el narcotráfico sea considerado un delito político cuando las FARC son el cartel de cocaína más grande del mundo y una causa de tragedias en mi país. Tercero, no queremos impunidad total porque genera inestabilidad jurídica al acuerdo y es un mal ejemplo. Cuarto, el pacto permite que los responsables de delitos de lesa humanidad puedan ser elegidos como políticos. Y quinto, queremos atención a las víctimas y denunciamos los beneficios excesivos para la acción política de las FARC. Por ejemplo, les darán más de treinta emisoras.

–¿Estarían de acuerdo en que los responsables de crímenes de lesa humanidad puedan participar en política si previamente cumplen penas de prisión?

–No estoy de acuerdo con eso, pero podría aceptar que mis compañeros del «no» lo acepten. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los 138.000 colombianos que hay en la cárcel? ¿Van a tener también ese derecho? Tampoco hubo acuerdo con las penas. Los del «no» pedimos que los delitos de lesa humanidad tengan una pena de reclusión. En mi Gobierno se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, y los autores de esos delitos fueron a la cárcel entre cinco y ocho años. No se les dio elegibilidad política, cumplieron las penas y no se negoció con ellos la agenda nacional ni se les crearon partidos políticos, ni mucho menos se pensó en darles estos beneficios que se les dan a las FARC.

–¿Su partido estaba dispuesto a sentarse a hablar con las FARC?

–No nos oponíamos a cualquier expresión de un método razonable de negociación. Y también hemos dicho que no habría inconveniente en que representantes del «no» tuvieran que hablar con las FARC.

–¿Qué se debería hacer ahora con los guerrilleros desmovilizados gracias al acuerdo?

–Hemos pedido que no delincan, que abandonen el narcotráfico y la extorsión y que se les proteja, que se empiece con ellos cuanto antes, la posibilidad de que tengan un trabajo honesto y se les remunere. Por ejemplo, deberían estar trabajando en la eliminación de la coca.

–Usted se ha quejado de que el proceso de paz le ha dado al mundo unas señales equivocadas sobre Colombia. ¿Cuáles son esas señales?

–Este proceso ha creado imaginarios negativos sobre nosotros. Han presentado el caso de Colombia como otros que hubo en América Latina. Pero el nuestro es muy diferente. En América Latina hubo guerrillas y grupos insurgentes sin narcotráfico contra dictaduras militares. Nosotros hemos tenido insurgencias que empezaron en el marxismo, se convirtieron en los mayores carteles de coca combatiendo al Estado de Derecho. Nosotros no hemos tenido una dictadura, sino una democracia que ha sido respetable y que ha vivido en permanente mejora. El segundo imaginario negativo que es menester corregir es sobre nuestras Fuerzas Armadas. No han sido las Fuerzas Armadas que hubo en las dictaduras de América Latina, sino unas fuerzas respetables; por eso pedimos para ellas un tratamiento digno. Tercero, la pobreza y la inequidad de Colombia no se deben a la empresa privada sino a la falta de empresa privada. El problema es que el país no ha tenido suficiente empresa privada porque la violencia y los errores de los Gobiernos no lo han permitido. Santos volvió a parar la dinámica de inversión privada en Colombia.

–¿Qué le diría al líder guerrillero «Timochenko» si estuviera a solas con él?

–Esas reuniones no se deben hacer a solas. Yo he sido profesor de liderazgo y le repito mucho a los estudiantes de liderazgo que hay reuniones que tienen que tener testigos. Y si digo lo contrario, me contradigo con lo que digo en mis clases. Mi mensaje es que la paz no puede poner en riesgo la democracia. Yo le diría que estoy de acuerdo con la paz y la reconciliación, pero en desa-cuerdo con que ellos justifiquen los crímenes, y que me parece muy grave que a estas alturas de la vida sigan con su agenda marxista leninista justificando el narcotráfico.

–¿Qué desenlace ve para la crisis de Venezuela?

–El problema de las dictaduras es que llega un momento en que el diálogo con ellas es inútil y que lo único útil es que se hagan a un lado o las hagan a un lado para que se imponga la democracia. Lo que sí creo, observando la dictadura de Venezuela, es que tiene el mismo comportamiento que todas las dictaduras, es que utiliza el diálogo como factor de distracción y que lo único que hace frente a la oposición es escalar la represión.

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