Inmigración

Arizona en contra de la Acción Diferida

Mientras los Dreamers celebran la entrada en vigencia del plan de Acción Diferida de Obama, en Arizona una orden ejecutiva es emitida por la gobernadora, con el fin de impedir que estos jóvenes puedan acceder a una licencia de conducir y otros posibles beneficios.

“Es un golpe duro, cuando nos estábamos preparando para esto”, dijo Daniela Cruz, una joven indocumentada de 21 años que forma parte del movimiento PUENTE.

La republicana Jan Brewer dijo que la acción diferida que ofrece la administración de Obama a cerca de 80 mil jóvenes sin documentos en Arizona no les otorga un estatus migratorio legal, por lo cual no accederían a ningún beneficio.

Brewer, quien calificó anteriormente al plan del presidente como una forma de “amnistía”, es conocida nacionalmente por haber aprobado la ley SB 1070, que convertía en un delito ser un inmigrante indocumentado.

“Venganza política”

Mediante el plan conocido como DACA, los jóvenes que ingresaron al país ilegalmente antes de los 16 años de edad, que tengan un diploma de la secundaria y carezcan de un récord criminal, calificarán para un permiso de trabajo. DACA es renovable, pero no abre un camino hacia la ciudadanía o residencia de estos jóvenes.

Para varios activistas, las acciones de la gobernadora corresponden a una venganza política contra el presidente por haber sometido un desafío legal contra esa ley ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que rechazó sus partes clave.

“Estamos muy desilusionados que la gobernadora prefiera el estatus quo de inmigración que está roto”, dijo Carmen Cornejo, directora de CADENA una organización que aboga por el DreamAct. “Está negando la oportunidad a gente que no tiene culpa de estar ilegalmente en el país”.

Confusión en Arizona

En la práctica, todavía no está claro cómo se implementará la orden ejecutiva de Brewer. Por una parte, porque los inmigrantes indocumentados no califican para beneficios públicos y generalmente sólo aquellas personas que tienen una tarjeta de residencia tienen acceso a servicios médicos y otros servicios.

En otro aspecto, algunos abogados de inmigración cuestionan que la orden de Brewer pueda acrecentar la confusión entre funcionarios públicos y afectar a otros inmigrantes que no forman parte del plan de acción diferida.

Algunos expertos aseguran que la posibilidad de un desafío a las acciones de Brewer son prácticamente nulas, puesto que el estado tiene el poder de decidir a quién le otorga beneficios o licencias de conducir.

“Sin duda esto no es lo último que vamos a escuchar del tema”, opinó Muzaffar Chishti, un abogado de inmigración y director de la Oficina del Instituto de Políticas de Migración en la Universidad de New York. Chishti consideró que es posible que por motivaciones políticas otros estados sigan los pasos de Arizona.

Jóvenes como Cruz aseguran que la decisión de Brewer es negativa, pero galvanizará la oposición contra el estado conocido nacionalmente por ser un laboratorio de políticas antiinmigrantes, impulsando a un cambio permanente.

“Al fin y al cabo nosotros de todos modos salimos ganando, de todo esto vamos a tener el permiso para trabajar y no nos pueden deportar por esa misma razón”, dijo Cruz. / Agencias.

Foto: La gobernadora de Arizona, Jan Brewer. / Archivo.

 

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