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Bruselas activa el proceso para suspender el derecho a voto de Polonia

Manifestación frente al Senado polaco contra la reforma judicial / EFE.

Reconsiderará su posición si Varsovia da marcha atrás en sus reformas de aquí a 3 meses

20 de diciembre de 2017 – Ep.

La Comisión Europea ha iniciado este miércoles el proceso para activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea por la amenaza del Estado de derecho en Polonia, un proceso sancionador que en última instancia podría llevar a suspender el derecho a voto de Varsovia en la toma de decisiones a Veintiocho.

“Con gran pesar hemos activado el artículo 7.1 (del Tratado de la Unión Europea), pero los hechos no nos dejaban otra opción”, ha anunciado en una rueda de prensa el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans.

A Bruselas le preocupa especialmente las reformas del sistema judicial emprendidas por Varsovia y que, a su juicio, pone en grave riesgo la independencia de los jueces y somete al Poder Judicial al control del Gobierno.

También cree que perjudican la aplicación de las leyes europeas en el país en cuestiones tan diversas como la custodia de menores o la ejecución de euroórdenes de detención y entrega.

En concreto, la Comisión insta a las autoridades polacas a emnendar la ley que afecta al Tribunal Supremo y que otorga al presidente un poder discrecional para prorrogar el mandato de los jueces de la corte y permite también recurrir sentencias definitivas dictadas incluso años antes.

Tampoco gusta en Bruselas el nuevo sistema de jubilación para los magistrados, que incluye una disposición para que el ministro de Justicia pueda prorrogar o revocar los mandatos de los jueces.

Además critica el modo en que se ha reconfigurado al completo el Consejo Nacional del Poder Judicial, que es el garante de la independencia judicial, ya que se ha puesto fin de manera prematura al mandato de los jueces que lo componían y sus sustitutos serán designados por el Parlamento polaco, “en lugar de por otros jueces, como exigen los estándares de la UE”.

En paralelo a la decisión sobre el artículo 7 de la UE, el Ejecutivo comunitario ha decidido este mismo miércoles llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) por vulnerar las normas europeas con su nuevo régimen de jubilación para la judicatura.

Timmermans ha querido subrayar que la decisión llega tras dos años intentando sin éxito establecer un diálogo con Varsovia para tratar de enmendar la controvertida reforma de la judicatura y de enviar recomendaciones formales para corregir los cambios que chocan con las reglas de la UE.

Con todo, el vicepresidente comunitario ha negado que Bruselas esté recurriendo al “botón nuclear” y ha subrayado que sigue abierto al “diálogo 24 horas al día, siete días a la semana”, aunque ha lamentado que por el momento no ha detectado grandes diferencias en la posición polaca tras el relevo al frente del Gobierno.

De hecho, al tiempo que Timmermans anunciaba las medidas, el presidente dele Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, publicaba una carta dirigida al nuevo primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en la que le invita a reunirse en Bruselas el próximo 9 de enero.

“Un diálogo auténtico es la única manera de superar las diferencias que tenemos en el presente”, ha indicado Juncker en su breve escrito a Morawiecki, con quien ya tuvo oportunidad de intercambiar impresiones la semana pasada, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

El mandatario polaco, por su parte, se ha mostrado conciliador al confiar en que puedan “reconciliarse” la idea de una Polonia soberana y una Europa unida, si bien ha defendido la necesidad de llevar a cabo la reforma judicial y la lealtad de su país la Estado de derecho. “El diálogo entre la Comisión y Varsovia tiene que ser tanto abierto como honesto”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

En la práctica, la decisión de la Comisión Europea de este miércoles supone un paso preliminar del artículo 7 del Tratado de la UE, por el que la institución se dirige al Consejo y al Parlamento Europeo para que hagan sus propias evaluaciones sobre el Estado de derecho en Polonia.

Si los 28 o la Eurocámara concluyen, al igual que lo ha hecho el Colegio de Comisarios, que existe una “amenaza grave” para el Estado de derecho en Polonia, Timmermans espera que también estas instituciones envíen nuevas recomendaciones a las autoridades polacas para revocar la situación.

Además, Timmermans ha asegurado que si las autoridades polacas dan marcha atrás en sus reformas y ponen en práctica las enmiendas que le pide Bruselas, entonces el Ejecutivo comunitario, de acuerdo al Consejo y la Eurocámara, podría “reconsiderar” la aplicación del Artículo 7.

En cualquier caso, para avanzar en el proceso es necesario que el Consejo, tras escuchar a Polonia y con el apoyo de al menos dos tercios de la Eurocámara, adopte una decisión formal para confirmar que existe un “riesgo claro de violación grave” del Estado de derecho. Esta decisión requiere una mayoría de cuatro quintos del Consejo, es decir, el apoyo de 22 de los 27 países.

La siguiente etapa, que implica reconocer que existe la violación “grave y persistente” del Estado de derecho y no solo el riesgo de que esto ocurra, necesitará la unanimidad de los Estados miembros para ser efectiva.

Sin embargo, Hungría ya ha dicho que se opondrá e impedirá así cumplir el último paso para sancionar a Polonia, por ejemplo, suspendiendo su derecho a voto en las decisiones a Veintiocho.

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