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De la limosna a la inversión «legal»: la compleja financiación terrorista

6 de febrero de 2016 – Agencias.

Las arcas de los terroristas se nutren cada vez más de recursos provenientes de una compleja financiación, de fuentes a las que es difícil seguir el rastro y que van desde la obligada limosna del Islam (zakat) hasta las inversiones “legales” en países que controlan, pasando por el crimen organizado.

Zakat, la limosna obligada del Islam Archivo

Zakat, la limosna obligada del Islam
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Financiación que ha permitido, entre otras cosas, costear algunos de los atentados más trágicos como el del 11S en EEUU en 2001 (entre 400.000 y 500.000 dólares); el 11M en Madrid en 2004 (unos 15.000 euros); el del 7J en Londres un año después (unos pocos cientos de libras) o los recientes ataques en París (20.000 euros).

No son cifras elevadas en comparación con lo que los terroristas llegan a “ingresar” con esas fuentes de financiación para no solo atentar, sino para sufragar el reclutamiento de nuevos activistas, su formación, la propaganda, la infraestructura y la provisión de recursos.

Según fuentes consultadas por Efe, las organizaciones terroristas vinculadas al yihadismo hacen uso de vías legales para engrosar su “tesorería”, entre ellas la zakat, que viene a suponer una limosna obligatoria que impone el Estado Islámico o Dáesh en las zonas que controla y que se cifra en aproximadamente un 2,5 por ciento de la renta anual del “donante”.

Hasta algunas ONG son utilizadas para desviar fondos a los terroristas, algunas de ellas ubicadas en Arabia Saudí, Kuwait, Pakistán y Afganistán, e incluso, dirigidas en la sombra por las organizaciones radicales.

Donaciones voluntarias de simpatizantes de la causa se unen a la creación de empresas “tapadera” para justificar unos ingresos y a las inversiones que estos grupos terroristas llevan a cabo en la región, como negocios inmobiliarios y del sector de la construcción.

Estas fuentes consultadas advierten del incremento de esta financiación legal, más difícil de perseguir y detectar que las tradicionales vías ilegales de conseguir dinero, como el expolio arqueológico, el tráfico de drogas y armas, el contrabando de oro y piedras preciosas, los secuestros, la venta de ropa y de DVD y CD y la trata de personas.

Actividades ligadas al crimen organizado, por lo que a veces es difícil de distinguir entre éste y el terrorismo.

¿Cómo llegan estos flujos hasta las manos de los terroristas? Los expertos hablan de diferentes sistemas financieros, desde las transferencias de pequeñas cantidades de dinero a través de empresas especializadas en el envío de capitales hasta transporte físico por “correos”, pasando por el mercado negro del cambio de divisas, los locutorios o métodos como la Hawala.

Un sistema, este último, de compensación económica basada en la confianza en la que participan mediadores para no dejar rastro de las transacciones bancarias. Como también lo es Fei Chien, la versión asiática del Hawala.

Sistema que no se utilizó, sin embargo, en la financiación del 11S, para el que se depositaron 300.000 dólares en cuentas con pequeñas transferencias banco a banco desde Arabia Saudí, “correos” y reintegros con tarjetas de crédito de bancos extranjeros.

Muy diferente fue la financiación del 7J en Londres. Uno de los autores “pagó” el atentado con los ahorros de su trabajo y un crédito de 3.000 euros.

Para perpetrar la masacre del 11M en Madrid, los islamistas acudieron al tráfico de droga y el robo de coches, pero también a su sus propios sueldos y las prestaciones sociales que recibían.

Interceptar los flujos financieros es precisamente uno de los desafíos de la lucha antiterrorista, como ha puesto de manifiesto recientemente el director del nuevo centro de coordinación del terrorismo de la UE, el coronel de la Guardia Civil Manuel Navarrete.

También fue objetivo en España cortar las vías de financiación de ETA, cuyos recursos procedían en un 80 por ciento del impuesto revolucionario, un sistema seguro que le resultó beneficioso y que tramitaba a través de remesas de cartas a empresarios exigiendo una cierta cantidad de dinero -entre 30.000 y 600.000 euros- a cambio de no estar en la diana de la banda.

La última remesa de cartas fue en octubre de 2010, justo un año antes de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad y seis meses antes de que llegara a remitir a los representantes de los empresarios vascos misivas para comunicarles la cancelación del impuesto revolucionario.

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