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Defensores de DD.HH. en Montevideo reconocen el año de éxitos pese a que resta mucho por hacer

Defensores de los derechos humanos marcharon en silencio una vez más por el centro de Montevideo para pedir “verdad y justicia” para los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), satisfechos por los éxitos obtenidos en el último año pero disconformes por lo mucho que queda por hacer.

La decimoséptima edición de la ya tradicional “Marcha del Silencio” recorrió la céntrica Avenida 18 de Julio de Montevideo en medio de un sobrecogedor silencio solo roto por la lectura de los nombres de los desaparecidos, cuyos rostros fueron proyectados en una pantalla gigante, bajo el lema “Los vamos a encontrar. Por un futuro sin impunidad, verdad y justicia”.

Unas 4.000 personas participaron en la marcha, bastantes menos que en ocasiones anteriores, que discurrió en una tarde lluviosa y desapacible que coincidió además con el gran Clásico del fútbol uruguayo que enfrentó a Nacional y Peñarol.

Según explicó a Efe Óscar Urtasun, uno de los portavoces de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, organizadora de la marcha desde su primera edición en 1996, la movilización de este año es “especial” porque llegó “cargada con todo lo que sucedió en 2011”.

Urtasun se refirió así a los acontecimientos vinculados a los derechos humanos que se sucedieron en el país el año pasado, empezando por la aprobación de una ley por el Parlamento que en la práctica dejó sin efecto la Ley de Caducidad, la norma que impedía juzgar los crímenes cometidos por policías y militares durante la dictadura y cuya eliminación era uno de los pedidos históricos en la “Marcha del Silencio”.

Precisamente, la “Marcha del Silencio” del año pasado se produjo justo el día que el Parlamento rechazó un proyecto impulsado por el oficialista Frente Amplio para eliminar la Ley de Caducidad y que fracasó debido a la abstención del diputado Víctor Semproni, quien fuera torturado durante la dictadura.

Semproni se negó a votar la medida aduciendo, al igual que el resto de los partidos de la oposición, que la ciudadanía uruguaya había votado dos veces en referéndum, una vez en 1989 y otra vez en 2009, que quería mantener la Ley de Caducidad.

Por ese motivo, según recordó Urtasun, la marcha de 2011 fue “la más grande de la historia”.

Poco después el Frente Amplio volvió a presentar una iniciativa para hacer inaplicable la Caducidad que al final sí logró los votos de la mayoría de ambas Cámaras del Parlamento.

El año dejó también el “muy importante hallazgo” de Julio Castro y Ricardo Blanco, dos desaparecidos durante la dictadura cuyos restos aparecieron enterrados en un cuartel militar a las afueras de Montevideo y que supuso un gran empuje moral para los familiares de otras víctimas.

Así, Urtasun reconoció que “se han dado pasos” en la lucha de los familiares y que es su deber como organización “mantener un equilibrio entre ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío”.

“Estamos conformes por lo realizado hasta ahora, pero seguimos disconformes por lo que falta por saber”, apuntó.

Urtasun destacó que encontrar los restos de los desaparecidos “es algo que nos da fuerzas a todos y nos hace ver que es posible recuperarlos, y eso es importante”.

“Cada hallazgo aporta un poco de verdad, pero no es suficiente. Nos dan restos e indicios de como sucedió su muerte, pero falta por saber cómo fue su tortura y su prisión, esa es la historia que falta y la verdad que estamos buscando”, dijo.

La Marcha del Silencio recuerda el asesinato el 20 de mayo de 1976 de los legisladores Zelmar Michelini, del izquierdista Frente Amplio, de Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, y de los militantes de la guerrilla tupamara Rosario Barredo y William Whitelaw.

Los cuatro fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser asesinados, un crimen por el que ya fueron procesados y condenados el exdictador Juan María Bordaberry, ya fallecido, y su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Blanco.

Cifras oficiales sitúan en 37 las personas desaparecidas en la dictadura, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos apuntan que son más de 200.

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