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Dos agentes de la Policía Montada reclaman 830 millones de dólares al Estado por acoso laboral

Miembros de la Real Policía Montada de Canadá, en una imagen de archivo.

Los trabajadores denuncian un patrón de hostigamiento e intimidación laboral en uno de los símbolos de Canadá

3 de julio de 2018 – Montreal – Agencias.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, en sus siglas inglesas) se encuentra una vez más en el centro de la polémica. La semana pasada, dos trabajadores presentaron una demanda que exige al Estado indemnizaciones por valor de 1.100 millones de dólares canadienses (unos 830 millones de dólares estadounidenses), por intimidación y hostigamiento laboral.

No es la primera vez que la Policía Montada, uno de los símbolos más distintivos del país que opera como cuerpo policial en las provincias y territorios canadienses que no cuentan con instituciones propias, tiene que hacer frente a acusaciones de acoso sexual a mujeres y a críticas por tratos discriminatorios hacia la población indígena.

En el documento, los sargentos Geoffrey Greenwood y Todd Gray describen “un clima laboral tóxico caracterizado por abusos de poder y miedo a represalias” que provocó “un impacto negativo en sus carreras” y también desencadenó en ellos “problemas psicológicos”. El recurso deja la puerta abierta a que se sumen otros posibles afectados en el cuerpo policial, que cuenta actualmente con unos 30.000 empleados.

Los eventos descritos en la demanda ocurrieron hace tiempo. En 1998 Todd Gray, según expone, sufrió una lesión en la espalda, pero sus superiores le dieron la orden de continuar montando caballos, lo que le provocó más problemas de salud. Más adelante, fue destinado a un cuartel en Nunavut (un territorio canadiense conocido por sus bajas temperaturas y su importante población indígena). Ahí fue testigo de abusos por parte de sus colegas a miembros de los grupos autóctonos. Gray denunció los hechos frente a sus superiores, pero no obtuvo respuestas. También recibió evaluaciones poco favorables que le privaron de ascender en sus cargos. “No importaba en qué provincia o división estuviese yo. Los mismos problemas aparecían”, señaló a CBC News.

Por su parte, Geoffrey Greenwood comenzó a formar parte en 2007 de un grupo de investigación sobre lavado de dinero y tráfico de drogas en la ciudad de Yellowknife. Fue testigo de diversos episodios de corrupción cometidos por sus colegas. Informó a sus superiores pero, al igual que Gray, sufrió represalias laborales. Incluso recibió la orden de abandonar la investigación. Gray fue transferido en 2010 a otra población después de, según su versión, sufrir burlas de sus jefes.

Los jueces evalúan ahora si el recurso cuenta con los argumentos suficientes para ser aceptado. Un portavoz de la RCMP explicó este lunes al diario National Post que la institución no ha revisado aún con sigilo todos los elementos del documento. No obstante, Ralph Goodale, ministro federal de seguridad pública, advirtió de que el “acoso no puede existir en el ambiente laboral moderno que los canadienses quieren ver en la RCMP”.

La reputación de la RCMP ya ha sido manchada en el pasado. En mayo de 2017, un acuerdo extrajudicial permitió que poco más de 1.000 mujeres se dividieran una indemnización de 89 millones de dólares canadienses pagados por la fuerza policial, a raíz de acusaciones por discriminación y acoso sexual sufridas desde 1974. Bob Paulson, exdirector de la RCMP, se había disculpado públicamente en octubre de 2016 por esos hechos. Paulson fue sustituido en marzo de este año por Brenda Lucki, la primera mujer al frente de la institución desde su fundación en 1920.

“Deploro sinceramente que, para muchos de ustedes, la RCMP no haya estado a la altura como fuerza policial en estos momentos terribles de sus vidas. A todas luces, la RCMP pudo haber hecho mejor trabajo. Y hago la promesa que así lo haremos”, dijo este lunes Lucki en una audiencia, en la ciudad de Regina, de la comisión nacional sobre las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas.

De acuerdo con cifras de la propia institución, entre 1980 y 2015 fueron asesinadas 1.049 mujeres indígenas y 175 desaparecieron. En distintas audiencias de la comisión, varios familiares de las víctimas han manifestado que la RCMP no tomó en serio las denuncias presentadas en su momento.

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