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El máximo tribunal de Ecuador ratifica la condena de ocho años de cárcel contra Rafael Correa

procurador general Ecuador
Fotografía cedida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador que muestra al El procurador general del Estado, Iñigo Salvador, durante un sesión este lunes, en Quito (Ecuador). Un tribunal de la CNJ negó este lunes la apelación del expresidente Rafael Correa en el llamado caso "Sobornos 2012-2016"/Foto: ./EFE

La Corte ha ratificado las condenas de Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri, María de los Ángeles Duarte, Laura Terán y Pamela Martínez.

20 de julio de 2020 – Agencias.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, máximo órgano judicial del país, ha rechazado este lunes el recurso presentado por el expresidente Rafael Correa y por tanto ha confirmado la sentencia de ocho años de cárcel por cohecho en el Caso Sobornos.

Asimismo, la Corte ha ratificado las condenas de Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri, María de los Ángeles Duarte, Laura Terán y Pamela Martínez. Un total de 18 fueron declaradas culpables de cohecho junto a un grupo de empresarios. Más de 200 personas han participado en la sesión virtual del tribunal, según recoge el diario ecuatoriano ‘El Comercio’ en su edición digital. Correa, que siempre ha defendido su inocencia y ha denunciado estar siendo víctima de una persecución política, fue condenado el 7 de abril de 2019 a ocho años de prisión por el Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador al considerar que era culpable de un delito de cohecho.

El expresidente ecuatoriano, en cuya condena estaba también una inhabilitación de 25 años para cargo público, fue condenado junto a otras 16 personas, alguna de las cuales había formado parte de su Gobierno. Es el caso del que fuera vicepresidente Jorge Glas, quien ya cumplía una pena de seis años de prisión desde 2017 por un caso de soborno en el que estaba detrás la constructora brasileña Odebrecht, con un amplio historial de casos de corrupción en todo el continente sudamericano. Según la Fiscalía de Ecuador, entre 2012 y 2016, varios funcionarios del Estado, así como empresarios privados, formaban parte de una trama corrupta en la cual se facilitaban contratos de obras públicas a cambio de dinero.

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