México

Funcionarios mexicanos ordenaron enterrar 119 cadáveres en fosas clandestinas

La Comisión de Derechos Humanos determinó que el gobierno de Morelos y su fiscalía faltaron a los protocolos e incluso inhumaron a personas que estaban reportadas como desaparecidas.

6 de octubre de 2016 – México – Univision.

En marzo de 2014, funcionarios del gobierno del céntrico estado de Morelos, la Fiscalía estatal y el gobierno municipal de Cuautla fueron responsables de inhumar de manera ilegal 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, así lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH).

La mayoría de los restos humanos presentó signos de violencia o tortura, según un informe. Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

La mayoría de los restos humanos presentó signos de violencia o tortura, según un informe. Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

Según el organismo, muchos de esos cadáveres -que pertenecían a personas reportadas como desaparecidas-, fueron enterrados en dos fosas clandestinas, sin apego a los protocolos establecidos y sin que se investigara la causa de los decesos, por lo que existe la posibilidad que hubiesen sido víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Inclusive un peritaje de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reveló que al menos 84 cuerpos presentaron signos evidentes de violencia física y tortura.

“Los restos mortales de todas las personas merecen ser tratados con respeto, y las circunstancias y condiciones de su fallecimiento deben ser determinadas por la autoridad, quien tiene la obligación de actuar para esclarecer los hechos cuando se presuma la existencia de un ilícito. Por otra parte, los familiares de una persona tienen derecho de conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas”, dice la recomendación que hizo la CNDH,donde pide investigar faltas administrativas o delitos de 42 funcionarios y toda la cadena de mando, incluyendo al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido.

En entrevista con Univision Noticias, Roberto Villanueva, investigador del Programa de Atención de Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, informó que esta recomendación de la CNDH es apenas el comienzo, pues todavía existen otras investigaciones en curso, como la de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien fue privado de su libertad y asesinado a mediados de 2013, pese a que fue identificado por medio de genética su cuerpo fue enterrado en Tetelcingo.

“Por lo que hemos observado, hay un asunto de ocultamiento de crímenes (por autoridades), porque a más de tres meses que se hizo la exhumación no es posible que la Fiscalía ni el gobierno del estado de Morelos puedan responder a la sociedad por qué inhumaron restos de personas, quién quería esconder estos cuerpos y por qué dos personas que fueron enterradas estaban reportadas como desaparecidas”, dijo Roberto Villanueva, quien es uno de los integrantes que han exigido, junto con familiares de desaparecidos, que se brinde justicia y verdad al caso.

En entrevistas pasadas con Univision Noticias, Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad (MPJD), opinó que esas personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y por eso la Fiscalía y el gobierno que encabeza Graco Ramírez intentó esconderlas.

El 28 de marzo de 2014 la Fiscalía morelense enterró los cuerpos. Luego que se descubrieron las fosas, el fiscal Javier Pérez Durón declaró que fueron inhumados 118 cadáveres, pero ahora la CNDH refirió que son 119, de los cuales ocho fueron entregados a sus familiares, tres fueron donados a universidades y el resto se encuentran en el panteón privado Jardines del Recuerdo.

De los 117 cuerpos exhumados en las fosas clandestinas halladas en Tetelcingo, 84 pertenecen a personas que tuvieron muertes violentas, cuatro de ellas fueron asesinadas con el llamado tiro de gracia y 5% de las personas con heridas de bala fueron inhumadas sin que las autoridades hayan abierto una carpeta de investigación penal, según reveló el informe presentado por el Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), titulado Fosas clandestinas de Tetelcingo: interpretaciones preliminares.

El gobierno de Morelos no se había pronunciado por las fosas de Tetelcingo, aunque sí giró órdenes de arresto contra los activistas que pidieron que el caso fuese aclarado, como es el caso de Javier Sicilia y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En su recomendación, la CNDH pidió a Graco Ramírez y a otros funcionarios a ofrecer una disculpa pública, además de brindar la reparación integral del daño, que contemple atención médica y psicológica a los familiares de cuatro víctimas que fueron identificadas y cuyos cuerpos no fueron entregados a sus familiares, así como una compensación y/o indemnización justa; y que en coordinación con los municipios se recabe información de los terrenos que son utilizados como cementerios de manera irregular.

Luego que se anunció la recomendación, este jueves el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, confirmó la existencia de otra fosa en el municipio de Jojutla. No se sabe cuántos cuerpos fueron inhumados ahí, pero declaró en entrevista con Grupo Fórmula que los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014.

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