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Junqueras pide salir de prisión para participar en la campaña electoral

Oriol Junqueras a su llegada a la Audiencia Nacional. J. BARBANCHO. (REUTERS) | ATLAS

El exvicepresidente y los exconsejeros de ERC recuerdan a la juez que ya “no ostentan cargo ejecutivo alguno”

6 de noviembre de 2017 – Barcelona / Madrid – Agencias.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa han pedido a la Audiencia Nacional que les deje en libertad provisional para poder concurrir a las elecciones autonómicas del 21-D. En el recurso al auto de prisión dictado por la juez Carmen Lamela, los exconsejeros de Esquerra Republicana (ERC) consideran que su permanencia en la cárcel “lesiona irremediablemente su derecho a la participación política” y, también, el derecho de los ciudadanos a escogerles.

El recurso ha sido presentado por el abogado de Junqueras y de los exconsejeros, Andreu Van den Eynde. El escrito pide a la juez que, ante el escenario político en Cataluña y España, haga un “juicio de proporcionalidad” y valore que todos ellos son potenciales candidatos a las próximas elecciones, por lo que su permanencia en prisión puede generarles un irremediable “daño reputacional”.

El escrito intenta desmontar los motivos esgrimidos por la juez Lamela para enviar a prisión a Junqueras y sus exconsejeros: riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Sobre el riesgo de fuga, el abogado recuerda que el pasado jueves “comparecieron voluntariamente” ante la Audiencia Nacional pese a ser conscientes del “altísimo riesgo” de ingresar en prisión “por el momento político y la precipitación de los acontecimientos”. Su comparecencia supone un “altísimo nivel de sentido del servicio público e institucional”, agrega el texto, que sin embargo no cita en ningún caso la situación contraria del expresident Carles Puigdemont, huido en Bélgica. Todos ellos, recuerda el abogado, tienen “familia y arraigo” y además tienen “intención de participar en el proceso electoral convocado”, por lo que no van a escapar.

Sobre la ocultación de pruebas y el riesgo de reiteración delictiva, el abogado insiste en que ninguno los exconsejeros “ostenta cargo ejecutivo alguno”. Pese a que “ostentan legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña”, el escrito admite que acudieron a la Audiencia Nacional “ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno”.

En un escrito de 21 folios, el abogado pide la puesta en libertad provisional de sus defendidos o, en todo caso, la adopción de medidas cautelares “menos gravosas” que la prisión, como la entrega de pasaporte o la prohibición de abandonar España.

Los exmiembros del Gobierno esgrimen tres razones básicas para pedir su libertad. En primer lugar, la vulneración del derecho de defensa por no haber tenido tiempo suficiente de preparar sus declaraciones. El abogado recuerda que recibieron la citación en un día “festivo” (el pasado miércoles 1 de noviembre) y “menos de 24 horas antes” de declarar como investigados. Y concluye que ese plazo fue “objetivamente insuficiente para preparar una defensa con garantías”. En segundo lugar, la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar delitos como la sedición y la rebelión. Y en tercer lugar, la falta de motivos para encarcelarlos. La querella de la Fiscalía, denuncia la defensa de Junqueras, no es más que “una curiosa interpretación novelada de lo que ha sucedido en Cataluña durante los dos últimos años”.

“Persecución política”

También este lunes presentaron recursos de apelación ante la Audiencia Nacional los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret, dos de los antiguos miembros del Govern que acompañan a Puigdemont en Bruselas. En su caso, para pedir la anulación de la Orden Europea de Detención (OED) dictada por la juez Lamela y por la que tuvieron que declarar el domingo ante un juez belga. En dichos escritos, de 70 folios de extensión, ambos esgrimen argumentos jurídicos similares a los de Junqueras y los otros exmiembros del Ejecutivo catalán encarcelados para reclamar que se deje sin efecto la orden de detención y se les permita declarar por videoconferencia.

La defensa de Comín y Serret tilda de “persecución política” todo el proceso y ponen en duda que la magistrada que mandó a prisión a sus compañeros de gabinete sea la competente para instruir la causa. En este sentido, piden que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se haga cargo de una investigación que califican de “proceso inquisitorial” , ya que este órgano judicial ya se declaró competente para instruir las denuncias que en su día presentaron el sindicato Manos Limpias y el partido Vox contra otros dirigentes políticos catalanas por sedición y rebelión -los delitos que esgrime la juez Lamela y la fiscalía para mantener la causa en la Audiencia.

El recurso detalla diferentes aspectos irregulares de la investigación que, en opinión del abogado de los dos políticos, son suficiente motivo para anular todo lo actuado, incluidas las órdenes de detención, y empezar de cero. El escrito insiste en que el objetivo último de la juez Lamela es “confundir a las autoridades belgas” para conseguir que éstas los entreguen a la Audiencia Nacional. Para ello -añade- no ha dudado en adjudicar a Puigdemont y al resto de exconsejeros refugiados en Bruselas los delitos de desobediencia y prevaricación que no estaban en la denuncia inicial y de los que no se ha acusado a los ya encarcelados.

Comín y Serret también aseguran que ellos nunca se fugaron a Bélgica sino que estaban en aquel país antes de que se les notificara la citación para comparecer como imputados en la Audiencia Nacional. E insisten que ellos se ofrecieron a ser interrogados por videoconferencia -posibilidad que rechazó la magistrada- y que a su letrado se le impidió asistir a las declaraciones del pasado jueves de Junqueras y los otros ocho exconsejeros. Finalmente, destacan “el diferente trato procesal” dispensado a ambos en Bélgica y España, y recalcan que un juez del tribunal les ha dejado en libertad con la única advertencia de no salir del país. “Sin duda alguna, sólo por este dato, merecería la perna que se reformara el auto recurrido [por el que se dictaba su orden de detención] y se dejara sin efecto”, concluyen.

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