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La Corte Suprema de Justicia con la balanza en sus manos

La SB 1070 que acaba de cumplir dos años de haber sido promulgada en Arizona el 23 de abril, ha dejado a los inmigrantes esperado pacientes pero llenos de incertidumbre, la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y no es para menos, pues con su dictamen, se decidirá el futuro inmediato de los millones de indocumentados en EU.

A mediados de diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia anunció que examinaría la polémica y discutida ley SB 1070, cuyas partes más controversiales se encuentran suspendidas por una corte federal.

Como recordaremos, la ley migratoria SB 1070 exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla, criminalizando la estadía indocumentada y otorgando poderes especiales a los policías locales (estatal y municipal) para indagar el estado migratorio de individuos arrestados bajo cualquier otra ley vigente en el estado.

El dictamen del máximo ente de justicia de los Estados Unidos, podría determinar si los estados pueden aprobar y poner en vigor leyes de inmigración, un tema que el Departamento de Justicia argumenta que por ley sólo le compete al gobierno federal.

Pero no solamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que posiblemente se vea en Junio, involucra las leyes migratorias promulgadas por Arizona y por efecto los estados que emitieron sus propias leyes migratorias, sino lo más delicado, su decisión afectaría el concepto de discriminación. Estas leyes se basan en la apariencia física de una persona, sin importar si son ciudadanos estadounidenses.

Curiosamente, la mayoría de los latinos que están legalmente en el país, incluso ciudadanos y residentes legales, piensan erróneamente que eso no les afecta a ellos, y que la SB 1070 y las demás leyes producto de ésta, como la HB 56 en Alabama, sólo deberían ser motivo de preocupación para los indocumentados que se supone pretenden combatirlas. Estas normativas tienen el potencial de afectar a residentes legales y ciudadanos estadounidenses, nacidos y naturalizados, únicamente por su apariencia física. Como dijo Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR): “Todos se convierten en sospechosos, no hay manera de determinar con solamente mirar a una persona si es un indocumentado o no”.

Aunque no sabemos cómo va a fallar el máximo tribunal en este tema en junio, sí podemos hacernos a una idea en algunos de los aspectos que involucran esta ley. Por ejemplo, si miramos atrás y analizamos cómo la Corte ha fallado en algún caso parecido a lo que contempla la SB 1070 o la HB 56, en alguna de sus secciones, encontramos que este organismo con anterioridad falló a favor de los trabajadores legales de Arizona, autorizó el uso obligatorio del E-Verify y penalizó a los negocios que contraten inmigrantes indocumentados (me refiero al caso: “Cámara de Comercio Vs Whiting”). Por lo tanto, en lo que se refiere a estos puntos, la Corte seguramente seguirá por el mismo camino, ya que los fallos de la Corte Suprema de Justicia forman precedente.

Pero quizás en el aspecto de constitucionalidad o no, con referencia a que los estados pudieran emitir sus propias leyes migratorias, es posible que la Corte Suprema de Justicia encuentre que esto va en contra de lo que dicta la Constitución de los Estados Unidos y dictamine que sólo al Gobierno Federal le compete emitir leyes migratorias o que salvo este le otorgue permisos a los estados, ninguno tendría por qué hacerlo. Lo contrario significaría tener un mosaico de 50 leyes que generarían una proliferación de normas de control de la migración en todo el país y que tendría como consecuencia lógica, una explosión de casos de deportación además de un caos legislativo.

Hay que anotar que aunque la Corte cuenta con nueve miembros, la juez Elena Kagan, el último magistrado en integrar la Corte tras prestar juramento en agosto de 2010, decidió abstenerse a la hora de aceptar a trámite la ley SB 1070, debido a que ella fue abogada del gobierno federal ante la Corte hasta su nominación por parte del presidente Barack Obama, lo cual crearía una especie de conflicto de intereses. Esto coloca a la Corte en un numero par, creando la posibilidad de un empate de 4 a 4. En caso de que la votación así resultara, esta situación no emitiría ningún fallo y en este caso los tribunales donde se encuentran leyes como la SB 1070 y la HB 56, serían los encargados de emitirlo. Desde luego, su veredicto no consideraría sentar precedente (que sí lo haría en el caso que el fallo proviniera de La Corte Suprema de Justicia).

Entre las medidas a ser revisadas por La Corte Suprema de Justicia, se incluye una que fue promulgada en 2010 que otorga poderes extraordinarios a la policía para interrogar sobre su estatus migratorio a individuos detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado. Arizona argumenta que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para enfrentar el problema de la inmigración indocumentada, y que los estados fronterizos son los que sufren desproporcionadamente. Bueno, me pregunto: ¿y Alabama, que ha promulgado leyes más duras que la SB1070 de Arizona, con qué inmigración fronteriza está sufriendo? nuestros vecinos no son países, sólo buenos estados de la Unión.

La Corte escuchó los alegatos en pro y contra el 25 de abril pasado, y ahora tendrá los argumentos suficientes para dictar su fallo, posiblemente en junio o durante la actual sesión judicial que termina precisamente en ese mes del 2012.

Mientras en Washington, en el Congreso, legisladores preparan un nuevo proyecto de ley, en caso de que el tribunal respalde la medida. Junto a la reforma de la salud, este es el caso más polémico de las leyes. La decisión del máximo Tribunal influenciará en el futuro de la potencial oficialización de los perfiles raciales, y de la discriminación contra personas sólo por su apariencia física.

Por último, me apego a lo que dijera el ex fiscal general de Arizona de 1991 a 1999, el republicano Grant Wood: “creo en la Décima enmienda y creo en los derechos de los estados. Sin embargo, hay roles para el gobierno federal y uno de esos es fijar la política migratoria para los Estados Unidos”.

El Director
Jairo Vargas
Latino News, LLC

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