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La desaparición de 28 mineros estremece a Venezuela

9 de marzo de 2016 – Agencias.

Vecinos con fotos de las víctimas, ayer, piden justicia por las desapariciones. Reuters.

Vecinos con fotos de las víctimas, ayer, piden justicia por las desapariciones. Reuters.

La Fiscalía General de Venezuela investiga la desaparición de 28 mineros en el sureste del país, después de que sus familiares denunciaran una matanza el viernes de la pasada semana en el municipio de Tumeremo (Estado de Bolívar). La prensa venezolana recoge testimonios de supervivientes que hablan de que las presuntas víctimas fueron asesinadas, descuartizadas y trasladadas en un camión a una fosa común. De momento, no hay una versión oficial de lo sucedido en la mina de oro Atenas, pero la Asamblea Nacional ha anunciado que abrirá una investigación parlamentaria. Cientos de militares se han desplazado a la zona, mientras los familiares mantienen cortada una carretera que une Venezuela con Brasil en señal de protesta. Quieren información, pero nadie les dice nada.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, organización no gubernamental de Venezuela dedicada a la protección de los derechos humanos, aseguró ayer a este periódico que el país está estremecido por los testimonios de familiares que señalan que «participaron grupos armados de civiles y que hay una responsabilidad del Estado porque hay funcionarios que pudieron haber actuado». Ortega añadió que «es muy difícil conseguir información, ya quee existe un gran miedo entre los familiares a posibles represalias».

Según las palabras de un médico del hospital de Tumeremo recogidas por la BBC, «acá llegaron una cantidad de mineros tiroteados, apuñalados, golpeados que habían logrado escapar de la masacre». Según Carlos Chancellor, alcalde del municipio de Sifontes (al que pertenece Tumeremo), los responsables señalados por los familiares podrían ser «varios grupos armados de la zona» que pretendían hacerse con el control de la mina. Este territorio, fronterizo con Brasil, posee grandes reservas de minerales y ha sido escenario de desapariciones de mineros en los últimos años.

El malestar contra las autoridades locales es creciente tras las declaraciones del gobernador oficialista Francisco Rangel Gómez, en las que negaba que haya muertos y desaparecidos: «Es absolutamente falsa la información que personajes de la derecha han estado mencionado, se hizo un rastreo recientemente esta tarde y no se encontró nada», afirmó el sábado pasado. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que este episodio no es aislado y se inscribe en el ambiente de violencia generalizada del país, donde la impunidad en los delitos contra los derechos humanos es del 99%.

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