Alabama

La ley de Alabama siembra la discordia

Darryl Copeland temía que su fuerza de trabajo migrante estacional no regresara para la temporada de la cosecha de verano, optó por mantenerse alejado, en lugar de arriesgarse a ir en contra de la estricta ley de inmigración de Alabama. El personal que él espera, está recogiendo la cosecha de la Florida.

“Tuve que reducir mi plantío al no saber si el personal va a estar disponible”, dijo Copeland, de 47 años, quien plantó sólo dos tercios de sus 30 acres en el lado lejano de Straight Mountain, en el noreste del condado de Blount.

“No sé lo que vamos a hacer si se encuentran todos los ilegales fuera de aquí. Va a ser difícil mantenerse en el negocio”, reconoce con preocupación Copeland.

Creada después de la controversial ley de inmigración de Arizona de 2010, el estatuto de Alabama y otros también aprobados el año pasado -en Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah- requieren a los agentes del orden, estatales y locales, verificar el estatus migratorio de las personas que sospechen están ilegalmente en el país.

Ahora, Alabama está en proceso de averiguar si se puede vivir sin inmigrantes indocumentados, estimados en 120.000 en el año 2010, que acudieron en masa a este estado sureño sólo en las últimas décadas. Han estado trabajando en los estados fronterizos durante varias generaciones.

Kris Kobach, el secretario de Estado de Kansas y autor intelectual tanto de la ley de Arizona como de la de Alabama, un presunto asesor informal del candidato presidencial republicano Mitt Romney, es un defensor de la “auto-deportación”, es decir, la creación de condiciones tan adversas que los inmigrantes indocumentados terminen por irse voluntariamente.

En esa medida, la ley de Alabama ha tenido éxito, conduciendo fuera a decenas de miles de inmigrantes ilegales del Estado, de acuerdo a los datos extraídos de encuestas de población y apoyado anecdóticamente por los empresarios, los políticos y los propios inmigrantes.

Al mismo tiempo, los empleadores han escapado hasta ahora de las sanciones. Una sección asigna sanciones más severas para los empleadores que sean sorprendidos contratando a trabajadores indocumentados, que van desde un período de prueba de tres años para la empresa infractora, a una suspensión permanente de todas las licencias comerciales en el estado. Los funcionarios informan que prácticamente no hay casos en que dichas sanciones hayan sido impuestas.

“Esta ley está tomando como chivo expiatorio a la población vulnerable. Tomar medidas fuertes contra esas personas es mucho más fácil que ir tras las empresas”, dijo Mary Bauer, directora legal del Southern Poverty Law Center. “No veo cómo podemos verlo como algo más que una crisis de derechos civiles”.

Lo que los trabajadores afectados dicen

En el Gordo’s Market, en un centro comercial de Birmingham, los trabajadores mexicanos hablan de compatriotas que huyeron después de que la ley fue aprobada, ya sea a otro estado de EE.UU. o de regreso a México.

Los defensores de la ley se jactan de que los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales tomaron los puestos de trabajo dejados libres por los inmigrantes ilegales, y de que la tasa de desempleo de Alabama se redujo de un 9,3% en junio, cuando el proyecto de ley fue aprobado, al 7,2% en abril. Sin embargo, si eso se compara con las cifras nacionales de 9.3% y 7,7%, en las mismas fechas, vemos que Alabama sólo superó la tasa nacional por un punto porcentual o más en enero, febrero y marzo.

Pero, no todo el mundo está de acuerdo en que la ley haya mejorado la situación del empleo.

“La caída en la tasa de desempleo es sólo debido a la disminución de la fuerza de trabajo y no porque esta ley haya ayudado a nada”, dijo Samuel Addy, un economista de la Universidad de Alabama. Un análisis de costo-beneficio que publicó en enero, dijo que la ley podría costar al estado entre $2.3 mil millones y $10.8 mil millones en producto interno bruto anual, con base en estimaciones de que entre 40.000 y 80.000 trabajadores indocumentados van a huir.

Cada inmigrante representa un consumo adicional. Algunos expertos, sin embargo, dicen que los inmigrantes ilegales, al igual que los ciudadanos estadounidenses con bajos ingresos, son un drenaje neto sobre las finanzas públicas, en gran parte debido al costo que genera educar a sus hijos.

Algunos, citando el pasado racista de Alabama, ven en la ley de Alabama evidencia de intolerancia, un argumento que el gobernador Robert Bentley rechazó.

“Como cristianos, se nos enseña a obedecer la ley. No hay nada malo o injusto en pedir a la gente que obedezca la ley”, dijo Bentley en un correo electrónico a Reuters.

“Lo que ocurrió en la era de los derechos civiles fue una serie de actos ilícitos contra los residentes legales. Fue un capítulo vergonzoso en la historia de nuestro estado. El tema de la inmigración de hoy es totalmente diferente. El gobierno no está persiguiendo a la gente”.

Los agricultores simplemente sacuden sus cabezas.

Jerry Spencer es el fundador y director ejecutivo de Grow Alabama, un grupo de apoyo agrícola que tiene un negocio con fines de lucro que ayuda a los agricultores a vender sus cosechas. Cuando los agricultores se quejaron de que la ley los dejó escasos de mano de obra, Spencer puso 3.000 dólares de su propio dinero, dijo, en un experimento de 30 días para llevar a trabajadores desempleados de Birmingham a plantaciones de tomates a una hora de distancia.

“Fue bastante desastroso. Las personas que tomamos no estaban preparadas para el nivel de arduo trabajo involucrado. Y los campesinos no estaban preparados para enseñarles qué hacer”, dijo Spencer.

En un estado donde uno de cada cinco puestos de trabajo es respaldado por la agricultura, otros defensores de la agricultura buscan un mayor acceso a los trabajadores de temporada con visas temporales, diciendo que el sistema actual es demasiado costoso para todos, especialmente para las granjas más grandes, al requerir que el empleador proporcione el transporte y la vivienda.

Los que aprendieron de Alabama

A través de la frontera de Alabama, al oeste, Mississippi consideró su propia ley de inmigración. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara del estado esta primavera, pero murió en un comité del Senado.

“Vimos lo que estaba ocurriendo en Alabama”, dijo el representante estatal de Mississippi Preston Sullivan, presidente de la Comisión de Agricultura del estado, “y nosotros no queríamos que eso sucediera aquí”. / Agencias.

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