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La ONU denuncia expulsiones masivas de subsaharianos en el desierto por parte de Argelia

Un inmigrante provee una foto de inmigrantes expulsados de Algeria hacinados en una furgoneta que se dirige a Niger.

Miles de subsaharianos han sido abandonados cerca de la frontera con Níger

26 de junio de 2018 – Rabat – Agencias.

El director general de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), William Lacy Swing, expresó este martes en un comunicado su preocupación por el hecho de que miles de migrantes subsaharianos “sean abandonados a su suerte, varados en el desierto, en tierra de nadie entre la frontera de Argelia y Níger”. El responsable de este organismo perteneciente a la ONU indicó que entre los migrantes irregulares hay “muchas mujeres embarazadas y niños”. Añadió que no deberían ser abandonados “sin comida ni agua o forzados a caminar durante kilómetros bajo temperaturas abrasadoras de 30 grados para encontrar un lugar seguro en el desierto”.

Las declaraciones de Swing se producen un día después de que los medios publicaran un reportaje en el que, citando como fuente a la propia OIM, contaba que desde mayo de 2017 Argelia ha expulsado a 11.276 hombres, mujeres y niños en la frontera con Niger y a 2.500 en la de Malí. En total, más de 13.000 personas, según la agencia de la ONU han tenido que caminar durante horas en el desierto en condiciones inhumanas.

El comunicado que ha publicado este martes la OIM explica que los empleados que se encuentran en la instalación que tiene la agencia en la remota localidad de Assamaka (en el norte de Níger, en la frontera con Argelia) han descrito la llegada de miles de migrantes venidos del desierto, caminando durante 15 kilómetros hasta Assamaka. “Cuando estos grupos llegan”, señala el escrito, “la OIM organiza misiones de búsqueda y rescate para auxiliar a los más vulnerables. Una vez los recogemos, les proporcionamos autobuses para los que deseen regresar a sus casas de forma voluntaria. Pero el desafío es creciente”.

Un analista destacado en Argel, que solicita el anonimato, indicó a este diario: “Argelia tiene un acuerdo firmado con Níger desde 2014 para repatriar a sus ciudadanos. Las autoridades argelinas niegan siempre que haya deportaciones masivas y dicen que todas se efectúan bajo el amparo legal de aquel acuerdo. Yo creo que la verdad debe estar en medio, que hay expulsiones regladas y otras no regladas. Y lo que suele ser frecuente en Argelia son las redadas masivas para detener subsaharianos. En ellas también detienen a gente que tienen sus papeles en regla. Los llevan a unos campos de calificación, que es como les llaman, para separar a los que disponen de documentos de los que no los tienen. Y en esos campos las condiciones de vida no son muy buenas. Después, una vez que los conducen a la frontera, allí están los pasadores al acecho. Así que el que se puede permitir pagarse el regreso, vuelve a entrar en Argelia”.

La citada fuente indicó que la inmensa mayoría de los subsaharianos intentan llegar a Europa a través de Libia o de Marruecos. “Los que parten desde Argelia son argelinos, que les pagan a las redes locales”.

Las principales agencias internacionales de derechos humanos vienen alertando desde hace más de un año de la forma en que Argelia detiene y expulsa a los migrantes subsaharianos. Pero nunca hasta esta semana se había difundido una denuncia tan contundente. Un miembro de Amnistía Internacional en Argelia indicó a este diario que no dispone de información para validar las cifras publicadas por la agencia AP. “Nosotros nos remitimos a lo que ya hemos publicado”, señaló. Y lo que publicó Amnistía Internacional en febrero ya es bastante elocuente: “Entre agosto y diciembre las autoridades expulsaron hacia Níger y Malí a más de 6.500 migrantes originarios de diversos países del África subsahariana. La operación se emprendió sobre la base de los perfiles étnicos de los migrantes”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Abdelaziz Benali Cherif, declaró al día siguiente respecto al estudio de AI: “Las falsedades y otras acusaciones infundadas mencionadas en este informe no hacen, lamentablemente, nada más que reproducir mecánicamente los estereotipos anticuados, evaluaciones parciales y conclusiones simplistas”.

En julio de 2017, Ouyahia Ahmed, un hombre fuerte del régimen como director del Gabinete del presidente Abdelaziz Buteflika, declaró que los extranjeros irregulares traen a Argelia “el crimen, la droga y otras plagas”. Tres meses después, Amnistía Internacional ya alertaba sobre “un número alarmante de comentarios xenófobos” publicados en las redes sociales en los que se reprochaba a los subsaharianos traer el sida al país y quitar el trabajo a los argelinos.

Respecto a las detenciones efectuadas hasta el momento, Amnistía Internacional denunciaba en octubre de 2017: “Los policías y los gendarmes no buscaban saber si los migrantes residían legalmente en Argelia, no verificaban sus pasaportes ni otros papeles. Entre los expulsados, algunos no tenían documentos, pero otros disponían de visados en curso de validación”. Heba Morayef, la directora de investigaciones de la organización en África del Norte, señaló: “Nada podría justificar la expulsión por la fuerza de cientos de personas en función de su color de piel de su presunto país de origen. Se trata de un caso flagrante de limpieza étnica de gran amplitud”.

El ministro del Interior argelino, Noureddine Bedoui, indicó en marzo que Argelia ha expulsado en los últimos tres años a 27.000 subsaharianos. Pero aclaró que las expulsiones se realizaron en el “estricto respeto de los derechos humanos”.

Leila Beratto, corresponsal en Argel de la emisora francesa RFI confirmó mediante conversación telefónica que, al menos en la capital, las detenciones de subsaharianos comenzaron hace un año. “Los detenían los miércoles y los jueves y los expulsaban los viernes. Esto se ha hecho a lo largo de varios meses, en distintas oleadas. La mayoría de los migrantes los dejaban en la frontera con Níger. Los gendarmes argelinos les indicaban en qué dirección tenían que caminar hacia el país vecino y ellos caminaban durante horas por un camino marcado con piedras. Hay varias asociaciones que han recogido firmas para impedir estas expulsiones, pero el Gobierno no ha respondido ni ha cambiado su política”.

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