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La sucesión de Lugo es “constitucional”

La organización defensora de los derechos humanos Human RightsFoundation (HRF) consideró este martes que la sucesión presidencial enParaguay por la que se sustituyó a Fernando Lugo es “constitucional” y cumple con los estándares previstos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA.

La organización indicó ese mismo día, mediante un comunicado de prensa, que había realizado “una investigación jurídica minuciosa” sobre el proceso de destitución de Lugo y su sustitución por Federico Franco.

“La sucesión presidencial en Paraguay fue constitucional y cumple con los estándares previstos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA (2001) y el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del Mercosur (1998)”, señaló HRF.

Agregó que también se ajusta a lo previsto en el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre Compromiso con la Democracia (2010) “y, en tal sentido, el nuevo Gobierno de Paraguay debe ser reconocido por la comunidad internacional”.

La destitución
El pasado 20 de junio,la Cámara de Diputados paraguaya acusó formalmente a Lugo por “mal desempeño de sus funciones” y el 22 de junio,el Senado de Paraguay lo destituyó, tras haber seguido un “juicio político” que duró dos días y se basó en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.

“El orden democrático en Paraguay se ha mantenido intacto a pesar del desenlace del juicio político seguido contra el presidente Lugo, que concluyó con su destitución del cargo”, expresó el presidente de HRF, Thor Halvorssen, mediante un comunicado de prensa.

La ONG recordó que “se considera golpe de Estado” cuando en el escenario concurren elementos como que “la víctima es necesariamente el titular del poder Ejecutivo y quienes perpetran el golpe hacen uso de violencia y coerción para que la ‘víctima’ abandone su cargo”.

“La destitución de Lugo no se enmarca en la definición de golpe de Estado debido a que, entre otros aspectos, no medió en ella el uso de violencia o coerción”, agregó HRF.

Lo que la ley dicta
El artículo 225 de la Constitución paraguaya otorga al Congreso la facultad de remover al presidente por “mal desempeño de sus funciones”, “delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos” o por la comisión de “delitos comunes”.

También prevé “un procedimiento de juicio político tras la acusación formal a cargo de la Cámara de Diputados y la sustanciación del juicio político a cargo de la Cámara de Senadores”, precisó la organización.

Por su parte, el director jurídico de HRF, Javier El Hage, apuntó la imprecisión del concepto “mal desempeño de sus funciones”.

Agregó que “si se considera que desde la perspectiva de un legislador de oposición, todo presidente tiende a tener un mal desempeño, está claro que las garantías del debido proceso en un juicio político en Paraguay no se encuentran fundadas en el tiempo de duración del mismo”.

Subrayó que “en todo caso, se encuentran fundadas en el requisito del voto de una mayoría calificada en cada instancia del procedimiento, es decir, dos tercios del total de los miembros de cada una de las cámaras”. / Efe.

Foto: Efe.

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