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López Obrador someterá a referéndum el aeropuerto nuevo de Ciudad de México

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López Obrador, esta mañana en Ciudad de México. José Méndez. EFE

El presidente electo no despeja las dudas sobre el destino del nuevo aeródromo, cuando las obras ya han avanzado casi un tercio

17 de agosto de 2018 – México – Agencias.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, someterá a consulta popular la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. El político ha anunciado este viernes que los mexicanos elegirán entre seguir con la construcción del aeródromo en las cercanías del lago de Texcoco (30 kilómetros al noreste de la capital) o comenzar con la ampliación de la base militar de Santa Lucía (a 50 kilómetros de la ciudad) para que funcione paralelamente con el aeropuerto Benito Juárez, actualmente en operaciones.

La decisión sobre el destino del nuevo aeropuerto de Ciudad de México quedará pendiente para finales de octubre, un mes antes de que Andrés López Obrador asuma la presidencia de México. El presidente electo ha presentado los dos proyectos con una lista de ventajas y desventajas de cada una de las opciones, sin embargo, no ha aclarado cómo convocará a los mexicanos para participar en la decisión final. “Llamo al pueblo de México a que nos ayuden a resolver sobre este asunto complicado, difícil, que heredamos pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible”, dijo en la presentación de las propuestas.

La construcción del polémico aeródromo, que comenzó en 2014, ha avanzado un 31%. López Obrador se opuso desde el primer momento al proyecto de Enrique Peña Nieto y durante la campaña electoral anunció que lo cancelaría. Tras las protestas de diversos empresarios, el político matizó su opinión y aseguró que revisaría los contratos de construcción para evaluar si continuaba su construcción o no. Javier Jiménez Espriú, que será el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ha explicado este viernes que el equipo de transición recibirá durante las próximas tres semanas las valoraciones de diversos grupos de ingenieros y de la sociedad civil.

Está previsto que el aeropuerto que ya se encuentra en construcción cueste 13.000 millones de dólares —un poco más del doble del presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá, que en 2016 sumó 5.450 millones de dólares—. Jiménez Espriú señaló que para seguir adelante con el proyecto será necesario el incremento de las tarifas aéreas, así como el cierre de la base militar de Santa Lucía por cuestiones de tráfico aéreo. El próximo titular de la SCT también ha apuntado que el 75% de la inversión para el proyecto ya está asegurado y que cancelarlo costaría aproximadamente 5.200 millones de dólares. El equipo de López Obrador ha reconocido que el plan original es más cercano a la Ciudad de México pero que su impacto ambiental es considerable.

Por otra parte, la ampliación de la base militar de Santa Lucía representaría un gasto de 3.600 millones de dólares y resolvería en un menor plazo el problema de saturación del actual aeropuerto. Jiménez Espriú ha mencionado que existe un debate entre los especialistas en aviación sobre la posibilidad que Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez puedan funcionar simultáneamente, debido a su cercanía, pero ha explicado que para aclarar estas dudas el Gobierno tendría que hacer estudios adicionales con un coste de 10 millones de dólares.

López Obrador no profundizó sobre el modelo para decidir el futuro del aeropuerto. “Se pueden poner mesas en las plazas públicas y la gente se organiza para recibir los votos; otra forma es una encuesta nacional con vigilancia de los ciudadanos para que no quede ninguna sospecha. Sea una opción o la otra, le damos la garantía a los mexicanos que no va a haber corrupción”, mencionó. La consulta popular en México está garantizada en la Constitución. Allí se señala que solo puede ser propuesta por el presidente mexicano, el 33% de los legisladores, o un 2% de los ciudadanos del padrón electoral. Para que la decisión sea vinculante es necesario que la consulta sea organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que exista un 40% de participación ciudadana.

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