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May se niega a fijar la frontera irlandesa hasta pactar un acuerdo comercial

La primera ministra, Theresa May, en su última visita a Bruselas.

27 de noviembre de 2017 – Agencias.

El futuro estatus de la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte no se establecerá hasta que Londres y Bruselas avancen a una nueva fase de las negociaciones del Brexit. Un hecho que adelantó ayer el ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, mientras que en la UE ya han advertido que no se dará ese paso hasta que haya «avances suficientes» en tres aspectos del divorcio: los derechos de los ciudadanos, la factura de salida que debe abonar Londres y el estatus de la frontera irlandesa.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, quiere «un compromiso por escrito de que Irlanda del Norte mantenga una convergencia regulatoria» con la UE, incluso después del Brexit. Irlanda quiere evitar a toda costa que las tensiones fronterizas entre ambos países vuelvan, pero en Londres no parecen tener prisa en resolver el estatus de la frontera. «No podemos llegar a una respuesta final sobre la cuestión irlandesa hasta que tengamos una idea sobre el estado final» de la relación que vinculará a Reino Unido con la UE tras el Brexit, aseguraba ayer Fox en una entrevista a Sky News. «No queremos que haya una frontera dura –con la República de Irlanda– pero Reino Unido va a abandonar la Unión Aduanera y el mercado único», recalcó el ministro.

Irlanda del Norte teme que esta situación se convierta en la nueva moneda de cambio de los británicos. «Espero que no sea así, porque la situación es demasiado seria y demasiado crítica», apuntaba una eurodiputada irlandesa, Mairead McGuinness, a la BBC. El comisario de Irlanda en la UE aseguró además que vetará las negociaciones comerciales tras el Brexit si Reino Unido no aporta garantías sobre la frontera con Irlanda del Norte. A pesar de las advertencias de Bruselas de que no se avanzará en las negociaciones de no conocer el futuro de la frontera entre ambos países, Fox dejo claro ayer que Reino Unido no va a mover ficha, por ahora.

Sobre otro de los escollos de las negociaciones, la famosa factura, la primera ministra británica, Theresa May, habría logrado llegar a un acuerdo con Bruselas para que Reino Unido entregue a la UE más de 45.000 millones de euros cuando el país abandone a los 27. La información, publicada en el rotativo «The Sunday Times», supondría un gran avance en las negociaciones.

El medio británico dejaba claro que la cifra exacta de la «factura del Brexit» se mantendrá en secreto, incluso cuando el divorcio se produzca en marzo de 2019. Este «secretismo» no gusta nada a los políticos británicos más euroescépticos que culpan a May de estar demasiado dispuesta a entregar dinero a la UE incluso antes de obtener a cambio un acuerdo comercial que sea ventajoso para el país.

Aunque el periódico, citando fuentes europeas próximas a la negociación, indica que el hecho de que la primera ministra y su gabinete hayan acordado pagar más dinero después de que se celebrase la semana pasada una reunión «crucial», es un paso decisivo para este acuerdo y se allanaría así el camino para las futuras conversaciones con Bruselas. Las futuras relaciones comerciales será uno de los asuntos que se tratarán durante la cumbre en Bruselas los próximos 14 y 15 de diciembre.

«Ahora un acuerdo es factible, esto es un gran avance», señalaba una de las fuentes europeas próximas a la negociación a «The Sunday Times». Reino Unido presentará «diferentes cálculos de los que tendrá la Comisión», pero «para nosotros es más importante que acepten los principios antes que tener una cifra específica».

El ambiente que se respira durante las negociaciones entre Londres y Bruselas debe mejorar porque como aseguraban estas mismas fuentes comunitarias, se debe avanzar para «entrar en lo realmente difícil: el acuerdo comercial». Además, en la UE sospechan, viendo lo engorrosas que están siendo las negociaciones, que tanto aclarar el estatus de la frontera con Irlanda como definir los derechos de ciudadanos, en especial, de los europeos que viven en las islas, va a ser aún más enrevesado. Londres tenía un plazo de 10 días para ofrecer una solución y no tiene la menor intención de cumplirlo.

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