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México aprueba la Ley de Seguridad que perpetúa el uso policial de los militares

Militares en Sinaloa en septiembre. cuartoscuro

La Cámara de Diputados pasa la norma que perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas. La ONU, la CIDH y demás organismos la rechazan

15 de diciembre de 2017 – México – Agencias.

Pese a la bronca mediática, las protestas y el rechazo general de organismos nacionales e internacionales, el Gobierno de México, en manos del PRI, ha sacado adelante la Ley de Seguridad Interior. En la práctica, la norma perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas. Lo que empezó como una excepción hace 11 años, el apoyo militar en tareas de seguridad pública, alcanza ahora rango de ley. El PRI, el Partido Verde y algunos dirigentes díscolos del derechista Acción Nacional, PAN, han sumado para pasar la ley en el Senado y la Cámara de Diputados. El texto pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación.

Desde diciembre de 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de todo México. Fue una de las primeras decisiones que tomó el expresidente Felipe Calderón, del PAN, al iniciar su mandato. Calderón mandó al Ejército a Michoacán, Estado que sufría entonces los embates de varias organizaciones criminales. Luego llegaron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero o Chihuahua.

Tanto el Ejército como la Armada asumen desde entonces el trabajo de policías incapaces o corruptas. La ley, dicen sus defensores, les da ahora un marco jurídico para que actúen. El problema, dicen sus detractores, es que es vaga, ambigua, carece de un plan para fortalecer a las policías y no prevé el retorno de los militares a los cuarteles.

En estos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ha recibido miles de denuncias por abusos de militares y marinos. En 197 ocasiones, el ombudsman ha señalado torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, según la cuenta de la organización Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos.

La semana pasada, por ejemplo, la comisión divulgaba un informe sobre el caso de dos jóvenes, torturados y asesinados por militares en el Estado de Jalisco, en 2016. “Cuando el Ejército se ha desplegado en un municipio en operativo”, explicaba esta semana el académico Alejandro Madrazo, “los homicidios aumentan un 9%”.

La ONU, la OEA y la propia comisión han unido fuerzas estos días, con la intención de retrasar la aprobación de la ley. Este jueves, en un hecho sin precedentes, siete relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas divulgaron una carta de rechazo a la normativa: “Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”.

También las universidades más importantes del país la rechazan, caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara o la Universidad Iberoamericana. El miércoles, en un comunicado firmado por los rectores de los tres centros, se leía: “Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio, que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública”.

Críticas y ambigüedades

La ley prevé que el Gobierno federal expida una “declaratoria de protección a la seguridad interior” ante una amenaza, en cualquiera de los estados del país. El Ejecutivo puede hacerlo por iniciativa propia o a petición de los gobiernos estatales. Una ola de asesinatos, por ejemplo, o de secuestros.

En la práctica, eso ya ocurre, militares y marinos patrullan por medio país. El problema, de nuevo, es que la ley no plantea la vuelta de los militares a sus bases, o controles para verificar si se respetan los derechos humanos.

El repudio continuado a la ley ha provocado que los legisladores modifiquen ligeramente alguno de sus artículos. Es el caso del que se refiere a las protestas sociales. Uno de los miedos de los opositores es que el Gobierno use ahora al Ejército para controlar manifestaciones o marchas políticas. En las últimas versiones del texto se dice que eso no podría ocurrir: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior”.

Pero no les convence. Son cambios estéticos, dice. La palabra “pacíficamente” puede ser interpretada de cualquier manera y queda al amparo de la voluntad de los militares.

Otro de los puntos criticados es el artículo seis, que faculta a las fuerzas federales a implementar “sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos”. De nuevo, la ambigüedad, ¿qué tipo de programas, de acciones? ¿Qué significa identificar, prevenir y atender los riesgos?

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