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Obama declara a Venezuela una amenaza para EE UU…

9 de Marzo de 2015 – Nueva York – Marta Torres.

Barack Obama firmó ayer un decreto con el que declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional, sancionó a siete dirigentes venezolanos o cercanas al presidente Nicolás Maduro y señaló su preocupación por el tratamiento que se dispensa desde Caracas a los opositores políticos. «Los funcionarios venezolanos del pasado y presente que violan los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se comprometen en actividades de corrupción no serán bienvenidos aquí. Tenemos las herramientas para bloquear sus activos y su uso de los sistemas financieros de Estados Unidos», explicó ayer el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un comunicado emitido después de la orden ejectuiva del presidente. «Estamos muy preocupados por cómo el Gobierno venezolano aumenta la intimidación a sus oponentes políticos. Los problemas de Venezuela no se pueden solucionar al convertir a los disidentes en criminales», continuó Ernest en alusión al encarcelamiento del dirigente opositor, Leopoldo López y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El presidente estadounidense, Barack Obama

El presidente estadounidense, Barack Obama

A pesar de las sanciones que se producen en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y Wahsington, desde la Casa Blanca se ha hecho hincapié en que estos castigos no se dirigen al país iberoamericano, su Gobierno o su pueblo. Desde la oficina de Obama se indicó que son sanciones contra personas concretas por determinadas acciones. El endurecimiento de la política de Obama hacia Venezuela coincide precisamente con el acercamiento a Cuba. Desde la enfermedad y posterior fallecimiento de Hugo Chávez, se ha especulado con que Venezuela se gobierna desde La Habana.

Tras su llegada al poder, Maduro ha intentado legitimar su Presidencia azuzando la teoría del complot extranjero. «Es desafortunado que en un momento en el que nos hemos abierto con todas las naciones en el continente, Venezuela haya optado por ir en la dirección contraria», reconoció Earnest. Este decreto se firma días después de que aumentase la tensión entre Washington y Caracas cuando Maduro pronunció un discurso en el que daba cuenta de la prohibición de la entrada a Venezuelas de una lista de políticos y funcionarios estadounidenses por sus intervenciones en Vietnam, Irak y Siria. Entre ellos, destacan el ex presidente republicano George W. Bush, su vicepresidente Dick Cheney, el ex director de la CIA, George Tenet, el senador Marco Rubio y los congresistas, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen. Los tres último son de origen cubano y son muy críticos con el régimen de Venezuela. Maduro añadió al senador demócrata Bob Menéndez.

Los siete venezolanos sancionados verán sus propiedades en Estados Unidos congeladas. Además, se les prohibirá la entrada en el país y no se permitirá a ningún ciudadano estadounidense hacer negocios con los mismos. Según la Casa Blanca, se trata del comandante de la Región Estratégica para la Defensa Integral de la Región Central de las Fuerzas Armadas Nacionales, Antonio José Benavides Torres, que cuando estuvo al frente de la Guardia Nacional participó en numerosos actos violentos que representaron un abuso o violación de los derechos humanos. Junto a él, el director general del Servicio de Inteligencia, Gustavo Enrique González, al que desde la Casa Blanca le considera responsable o cómplice de las represiones contra las manifestaciones estudiantiles celebradas el año pasado, que costaron al vida a 43 personas.

Otro de los señalados son el ex comandandante general de la Guardia Nacional, Justo José Noguera Pietri por ordenar el uso de la fuerza para contenter a manifestantes y periodistas, y Katherine Nayarith Haringhton Padrón, fiscal del distrito 20 de la oficina del Ministerio Público de Venezuela, que se ha servidido de sus capacidades para acusar a los miembros de la oposición venezolana, entre ellos María Corina Machado y Antonio Ledezma Díaz. El portavoz de la Casa Blanca aprovechó su intervención para reclamar la liberación de todos los disidentes políticos.

Completan la lista el director de la Policía Nacional, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, cuyos subordinados han utilizado armas de fuego contra manifestantes y periodistas en protestas pacíficas; el jefe de la 31ª Brigada Armada de Caracas, Manuel Gregorio Bernal; el ex director del servicio de Inteligencia, Bernan Martínez, que estaba al frente del citado servicio el 12 de febrero, cuando mataron a dos personas cerca de la oficina del fiscal general, y el inspector general de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Miguel Alcides Vivas Landino, responsable directo o indirecto de las violaciones de los derechos humanos durante las protestas de la oposición.

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