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Panamá duplica las penas por tráfico de drogas y armas cuando se involucren menores

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sancionó hoy una reforma al Código Penal (CP) que duplica las penas de prisión para los delitos de droga, posesión, tráfico de armas, explosivos, apropiación y sustracción violenta de material ilícito cuando se usan menores de edad o discapacitados.

Entre los cambios introducidos al CP se establece que quien con fines ilícitos de comercialización compre, venda, adquiera, permute, almacene o traspase droga, a cualquier título, será sancionado con prisión de 10 a 15 años (actualmente la pena es de 8 a 15 años), según un comunicado oficial de la Presidencia.

Esta pena “se duplicará cuando se utilice a un menor de edad o a una persona con discapacidad o estado mental alterado; se efectúe en centros de educación, deportivos, culturales, carcelarios, de espectáculos públicos o en sitios aledaños a los anteriores”, apunta.

También se duplicará la pena cuando el infractor sea docente o empleado de planteles de educación pública o privada; cuando se intimide con violencia y arma y se use la condición de funcionario.

A estas conductas y otras, si son cometidas por jefes de bandas o pandillas, se le aumentará la pena hasta 25 años, informó en su momento la Asamblea Nacional (AN) al aprobar este proyecto de ley.

También endurece las penas a los servidores públicos que para su propio beneficio den a conocer información confidencial relacionada con sustancias químicas o precursoras.

La nueva norma añadió un artículo al CP que aumenta la pena de prisión para el servidor que oculte, desaparezca evidencias de delitos relacionados con drogas, instaurando una pena de 5 a 10 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.

Además, endurece las sanciones penales en los Delitos contra la Seguridad Colectiva y sube la pena de prisión a quien posea o porte ilegalmente un arma de fuego, de ocho a diez años (antes era de cuatro a seis años), con una agravante en caso de que sean utilizadas para labores de seguridad privada (de diez a doce años).

La sanción se aumentará de un tercio a la mitad, “si el arma es prestada o se permite su uso o es entregada a una persona menor de edad o a una persona con antecedentes penales”, acota, entre otras modificaciones orientadas a perseguir el narcotráfico.

La nueva norma, aprobada en sesiones extraordinarias por la AN de Panamá el pasado 5 de junio, recibió la firma también del ministro panameño de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.

Foto: En la imagen un registro del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien firmó este miércoles una reforma al Código Penal (CP). EFE/Archivo

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