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Represión chavista: 6.800 “ejecuciones” en 16 meses

Soldados durante la parada celebrada en Caracas con motivo del Día de la Independencia venezolana.

Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, detalla toda la metodología de la represión chavista, a la que acusa de las necesidades de la población, de la violencia y del deterioro casi total del sistema democrático.

5 de julio de 2019 – Caracas – Agencias.

En Venezuela existe el «efecto Bachelet». El régimen de Nicolás Maduro siempre niega que tenga presos políticos, o que bajo su jurisdicción ocurran violaciones de derechos humanos, pero las realidades se imponen. Ayer, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, reveló que el Gobierno venezolano habría aceptado liberar a 22 presos políticos, incluyendo dos casos emblemáticos: la retirada de algunas medidas cautelares a la jueza María Lourdes Afiuni y la liberación del periodista Braulio Jatar. La afirmación ocurrió al cierre de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y se concretó horas después. Los mencionados, sin embargo, no estaban enterados, hasta que vieron en la cuenta de Twitter del Tribunal Supremo venezolano dos mensajes que hablaban de ellos.

Afiuni fue encarcelada en 2009 por orden de Hugo Chávez, que ordenó encerrarla 30 años cuando la jueza decidió en favor de un preso político de su Gobierno. Su caso incluyó vejaciones institucionales, violación en cautiverio y denuncias de malos tratos. En marzo de 2019 fue condenada por «corrupción espiritual» y permanecía en libertad condicional, sin poder declarar a la Prensa y sin poder salir del país. Su hermano Nelson Afiuni expresó que el juez de la causa levantó las medidas cautelares, sin especificar cuáles. Ella misma se consideró en libertad al afirmar: «Todavía estoy procesando esta noticia que me tomó realmente de sorpresa y hay que organizar ideas y retomar mi vida tras nueve años y siete meses». El caso de Braulio Jatar es distinto. Prisionero en su casa desde hace tres años, le fue notificado verbalmente que el lunes le serán dictadas medidas sustitutivas, que le permitirán volver a la calle, pero con obligación de presentarse ante los tribunales y prohibición de abandonar el territorio. El resto de los 20 liberados son estudiantes que esta semana tuvieron audiencias judiciales y quedaron exentos de pena, después de haber sido detenidos participando en protestas en el interior de Venezuela. En el país aún hay registrados más de 700 presos políticos, y por ejemplo Foro Penal denunció el efecto puerta giratoria del chavismo: por un lado liberó esta semana a 37 presos, por otro, encarceló a otras 33 personas más.

Todo ello ocurría horas después de que el Gobierno de Venezuela rechazara el contenido del informe que presentó Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en el país. En el documento, la ONU registra vulneración a los derechos económicos y sociales, y desvela patrones sistemásticos de torturas y control social. Bachelet advierte que el Estado no garantiza que la población no pase hambre y que la situación de salud es crítica. «Las violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos», reza el papel. El informe acusa el fracaso de los programas sociales llamados «misiones», enfatizando la discriminación política que los rige, así como las consecuencias en términos migratorios de la crisis venezolana, con más de cuatro millones de personas que han huido del país, más del 12% de la población total. Bachelet describe represión y persecución política, además del desmantelamiento de instituciones democráticas, lo que ha llevado a neutralizar y criminalizar a opositores y críticos, incluyendo el uso de civiles en tareas de inteligencia con fines coercitivos.

El capítulo más duro, sin embargo, es el que habla sobre violencia de Estado, en el cual se afirma que cuerpos armados como las FAES se han convertido en responsables de ejecuciones extrajudiciales: más de 6.800 entre enero de 2018 y mayo de 2019. Establece que los organismos de inteligencia como el Sebin y la Dgcim han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores, mientras los colectivos armados ejercen «control social» y apoyan estas formas de represión. El documento de la Alta Comisionada pone la responsabilidad en las autoridades, al desestimar investigar las denuncias, participar de retóricas que criminalizan a denunciantes y a amparar los desmanes. Al tiempo denuncia el uso repetido de «fuerza excesiva y letal contra manifestantes» y ataques contra opositores y defensores de los derechos humanos, «con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas».

La semana en que se presenta el informe de Bachelet hubo dos casos emblemáticos. Por una parte, el asesinato por torturas del capitán Rafael Acosta Arévalo, acusado de conspirar contra Maduro, detenido y sometido a torturas. Y por el otro, el del joven Rufo Chacón, de 16 años, quien recibió 52 perdigones en el rostro por parte de la Policía al protestar por falta de gas en su comunidad. Llevaban dos meses cocinando a leña y cuando hubo la manifestación, la respuesta oficial lo dejó ciego de ambos ojos.

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