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Rousseff se abre al diálogo con la calle

Brasilia – Ángel Sastre- Corresponsal en Iberoamérica.

El Gobierno brasileño anunció ayer que está «abierto al más amplio diálogo» con quienes el domingo sacaron a más de un millón de personas a la calle para protestar por la gestión de la presidenta, Dilma Rousseff. «Reconocemos el carácter democrático de las manifestaciones y reafirmamos que el Gobierno está enteramente dispuesto al diálogo con todos los sectores políticos y sociales, los que lo apoyan y los que están en contra», declaró el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.

Masiva manifestación contra el Gobierno brasileño en Sao Paulo.

Masiva manifestación contra el Gobierno brasileño en Sao Paulo.

También ayer, un día después de las marchas que sacudieron todo el país en contra de Rousseff, las autoridades emprendieron un operativo anticorrupción. El ex director de Servicios de la petrolera brasileña Petrobras Renato Duque, uno de los acusados en la investigación por un esquema de corrupción en la compañía estatal, volvió a ser detenido durante un operativo de la Policía Federal en Río de Janeiro. Duque fue arrestado en su residencia, donde se requisaron 130 obras de arte encontradas en su casa. La otra orden de prisión preventiva fue contra el empresario Adir Asad, detenido también durante la mañana de ayer en su residencia en Sao Paulo. El caso se investiga desde hace casi un año y se refiere a una vasta red de corrupción enquistada en la petrolera estatal desde hace más de una década y que se habría apropiado de 4.000 millones de dólares. En diciembre, Duque fue arrestado, pero recibió un habeas corpus y recobró la libertad días después. Duque era uno de los que recibía directamente el soborno pagado por empresas constructoras y que era luego repartido entre políticos y partidos.

Hasta el momento, los procedimientos llevados por la Fiscalía General, que investiga la actuación de políticos en la red de estafas a la petrolera brasileña, alcanza a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores, todos con cargo vigente. El Congreso también instauró una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), facultada con amplios poderes para convocar testigos y aprobar la suspensión del secreto bancario, fiscal o telefónico de cualquier acusado.

La causa extendió un manto de sospechas sobre muchas de las principales constructoras y partidos políticos de Brasil. La trama revelada por la Policía dejó al descubierto cómo las compañías sobornaban a directivos de Petrobras para poder manipular licitaciones y cobrar sobreprecios en las obras, lo que generó un flujo de dinero negro que enriquecía a los que formaban parte de la confabulación y financiaban a agrupaciones políticas. La mayoría de las acusaciones salidas de las delaciones premiadas apuntan a las fuerzas que integran la alianza gobernante, formada por el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Luiz Inácio Lula da Silva; el PMDB, una fuerza de centro con estructura nacional y un bloque grande de legisladores, y el Partido Progresista, entre otros.

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