La nación

Trump amenaza con cerrar la frontera sur la próxima semana si México no detiene la ola migratoria

Familias migrantes centroamericanas en El Paso, Texas. REUTERS.

El presidente de EE UU urge al Congreso a fortalecer las leyes antiinmigración en plena escalada de llegadas de familias sin papeles

29 de marzo de 2019 – Washington – Agencias.

Cerrar la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en una amenaza habitual del presidente Donald Trump. Lo advirtió en octubre, lo cumplió por unas horas en noviembre y volvió a insistir en diciembre. Sin embargo, este viernes ha fijado un plazo para llevarlo a cabo: si su vecino del sur no detiene “de inmediato toda la inmigración ilegal” que está intentando entrar en EE UU, cortará el paso la próxima semana. “La mantendremos cerrada por mucho tiempo, no estoy jugando”, avisó desde Florida. La radical medida —antes de Trump se aplicó por última vez el 11-S— llega en una semana en que la guardia fronteriza denunció el colapso del sistema. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés) aseguró que, al ritmo que van, marzo acabará con 100.000 detenciones, la cifra más alta en más de una década.

“Los demócratas nos han dejado con las leyes de inmigración más débiles del mundo entero. Las de México son las más restrictivas, y ganan más de 100.000 millones al año a costa de Estados Unidos”, publicó Trump en su cuenta de Twitter, refiriéndose a lo que gana el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador por sus negocios en EE UU es “mucho menos” que lo que les supondría invertir en su propia frontera sur para impedir que los migrantes lleguen al norte de la región. “Si no detienen inmediatamente toda la inmigración ilegal que entra en EE UU a través de nuestra frontera sur, cerraré la frontera, o grandes secciones de la frontera, la próxima semana”, tuiteó el republicano recrudeciendo las amenazas lanzadas a lo largo de la semana.

Durante la jornada, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, envió una carta al Congreso en la que solicitaba la “autoridad para devolver a los menores no acompañados a sus familias en sus países de origen de una manera segura y ordenada si no tienen derecho legal a quedarse”. En la misiva destacaba que esta práctica es algo que ya se puede hacer con México, pero no con otros países, como Guatemala, El Salvador y Honduras, que lideran las llegadas a la frontera. Nielsen dijo que los contrabandistas estaban usando a los menores como “un billete gratis” a EE UU.

La CBP explicó este miércoles que la mayoría de los migrantes (65%) son familias con niños que simplemente se entregan a los agentes, mientras que el resto son adultos solos que intentan evitar la detención, “incluidos aquellos con antecedentes penales”. El aumento de los grupos familiares que solicitan asilo ha provocado el “colapso” de los centros de detención, según las autoridades, porque están obligados a abrir un proceso legal para cada caso. Algo que puede tardar meses o incluso años en resolverse. Sin embargo, aunque la llegada de las familias ha aumentado, el número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México se encuentra lejos de su máximo de hace dos décadas.

La presión de Trump al Congreso llega semanas después de que declarara una emergencia nacional en la frontera acusando una crisis de drogas e inmigración ilegal. La jugada del republicano —que el Congreso intentó revertir sin éxito— le permite usar sus poderes especiales para dotarse de los fondos públicos que necesita para construir el muro con México. Su proyecto estrella durante la campaña que siempre dijo que pagarían los mexicanos. El comisario Kevin McAleenan, jefe de la policía de frontera, alimentando el discurso trumpista, culpó el miércoles de “la crisis” a los contrabandistas y a las leyes de los estadounidenses que, según él, fomentan la migración ilegal, ya que “prácticamente garantizan que sean liberados en EE UU”. Los agentes fronterizos sostienen que El Paso (Texas) vive la situación de hacinamiento más peligrosa, con centros de detención ocupados en un 300% o 400% sobre su capacidad.

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