La nación

Trump revierte la política de fomentar la diversidad racial en las universidades

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El Departamento de Justicia se desmarca de las directrices que abogaban por la discriminación positiva en las administraciones y piden métodos racialmente neutros

3 de julio de 2018 – Washington – Agencias.

La Administración de Donald Trump quiere que las escuelas y universidad de estados Unidos dejen de practicar sistemas de discriminación positiva con el criterio de la raza en sus admisiones, lo que supone revertir las directrices de la era de Barack Obama, que sí llamaban a los centros educativos a fomentar la incorporación de minorías raciales para garantizar la diversidad, según avanzó The Wall Street Journal este viernes y confirmó The New York Times citando fuentes del Gobierno.

Washington quiere que a partir de ahora los procesos de selección no tengan en cuenta la raza. En esta línea, el Departamento de Justicia rescindió este martes siete directrices de la división de derechos civiles del Departamento de Educación que iban en este sentido. En 2011 y 2016 los departamentos de Justicia y Educación reconocían el interés de las instituciones de formación superior en “lograr los beneficios de un cuerpo estudiantil diverso” y les instaba a dar pasos de forma proactiva, dentro de los límites constitucionales. La reversión decidida ahora por Sessions devuelve la política gubernamental a la época de George W. Bush, que “animaba encarecidamente a usar métodos racialmente neutros” en la admisión de alumnos.

Con este giro, el Gobierno se pone ahora de lado de los detractores de la discriminación positiva, un sistema que a lo largo de los años ha desencadenado pleitos por parte de estudiantes blancos que se sienten perjudicados, pero que el Tribunal Supremo ha respaldado con limitaciones.

En noviembre, sin embargo, el fiscal general, Jeff Sessions, pidió a su departamento que evaluasen las políticas que estaban en vigor ya que, desde su punto de vista, iban más allá de lo que las leyes y la jurisprudencia marcaban en materia de diversidad. Entre otros, investigó los métodos de la Universidad de Harvard, uno de los primeros centros en impulsar las políticas de discriminación positiva, que en Estados Unidos arrancan en los años 60 en paralelo a la lucha por los derechos civiles.

En 2014 decenas de agrupaciones de asiático-americanos presentaron una denuncia alegando que se sentían discriminados frente a blancos, negros y latinos a la hora de intentar entrar en la prestigiosa universidad de Massachusetts. En su reclamación, citaban un estudio según el cual su colectivo registraba el menor ratio de aceptación con relación a su puntuación, se quejaban de que necesitaban 140 puntos más que un blanco, 270 más que un hispano y 450 más que un negro. El primer plan oficial de Harvard en materia de discriminación positiva data de 1971 y, desde entonces, las quejas y pleitos se han sucedido.

La Universidad defiende que no selecciona a los aspirantes por su raza, pero que dentro del análisis holístico de cada candidato su aportación a la diversidad también pesa. Eso explica que en cualquier centro educativo pueda quedar fuera un alumno con mejor puntuación que otro que sí ha logrado entrar.

El Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse sobre este asunto en 2016 a raíz de la denuncia de una estudiante, Abigail Fisher, contra la Universidad de Texas, en Austin, alegando que la habían rechazado por ser blanca, ya que alumnos de otras razas con peores calificaciones sí habían pasado el corte. Los jueces dieron la razón a la universidad y no consideraron contrario a la Constitución que la raza sea uno de los elementos considerar cuando un centro educativo quiere fomentar la diversidad, pero rechazaron un sistema de cuotas.

Es significativo que fuera el juez conservador moderado Anthony Kennedy quien inclinara la balanza en esta decisión y se alineara con la posición de los cuatro jueces considerados progresistas. Kennedy se retira a finales de julio y Trump busca otro conservador para sustituirlo. Lo que el Supremo decida en futuros casos de discriminación positiva es una incógnita, pero la postura de la Administración al respecto ya ha cambiado.

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