La nación

Víctimas de crímenes a merced de la política anti-inmigrante en Maricopa

PHOENIX, Ariz. – La presión del filo de la navaja contra su cuello tomó a Aurora Tristán por sorpresa. Sin titubear salió corriendo de su Honda Civic 98. Las dos jovencitas que le pidieron un “aventón” afuera del supermercado se escaparon robando el automóvil.

La inmigrante de 45 años no sabía cuando marcó en su celular al 911, que su condición de víctima de un robo a mano armada podía calificarla para obtener una visa “U” si cooperaba con la policía o los fiscales.

“Quería ayudar porque sentía que tenían que pagar por lo que me hicieron,” dijo Tristán una inmigrante mexicana que se identifica con la fe cristiana. “No las odio ni siento resentimiento, sólo quiero justicia”.

En distintas partes del país, las víctimas de un delito que son indocumentadas como Tristán cooperan con las autoridades locales y las oficinas de los procuradores. Pero cuando llega la hora de que estas agencias certifiquen que ayudaron en una investigación –lo cuál puede abrir las puertas para que se legalicen mediante una visa “U”- dónde ocurrió el crimen es tan crítico como el caso en si mismo.

En el Condado Maricopa, las víctimas están a merced de un sentimiento anti-inmigrante que persiste.

El temor les impide buscar ayuda

La visa “U” fue creada por el Congreso en el año 2000 con el fin de ayudar a las fuerzas de la ley a que encausaran delitos violentos cometidos contra inmigrantes indocumentados – en especial mujeres – y para motivar a las víctimas a denunciar los crímenes sin temor a ser detenidas o deportadas.

Pero en una atmósfera viciada por una parte de la ley SB 1070 de Arizona conocida como “muéstrame tus papeles” –que entró en efecto en septiembre—el objetivo de está visa que tiene el fin de proteger a una víctima está resultando en todo lo contrario.

A esto se suma que la Oficina del Procurador del Condado Maricopa (MCAO) se reusa a certificar que las víctimas cooperaron, sin dejar ninguna otra avenida para los abogados de inmigración que tratar de obtener la certificación a través de la policía.

Para conseguir la visa, las víctimas de un crimen primero necesitan un certificado que se conoce como I-918 B, que comprueba que de hecho fueron víctimas de un delito violento, que cooperaron o quieren cooperar con la policía o los fiscales. Ese formulario deber ser firmado por un oficial de policía, un procurador o un juez, de lo contrario una víctima no puede iniciar el proceso para solicitar la visa con la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) una división del Departamento de Seguridad Nacional que es la que toma la decisión en última instancia si califican o no.

Tristán ayudó al Departamento de Policía de Phoenix a identificar a los ladrones. Pero no pudo iniciar el proceso para obtener una visa “U” porque ni la policía ni el fiscal del Condado Maricopa estuvieron de acuerdo en firmar el formulario I-918.

La policía esperó hasta que el caso estuvo cerrado para negarle la solicitud.

“Dijeron que no firmaron la certificación porque los acusados ya estaban en la cárcel”, explicó Randall Rowberry, el abogado de inmigración de Tristán, quien realizó la solicitud original antes de que las dos jóvenes que robaron el auto fuesen sentenciadas.

Rowberry intentó conseguir la certificación con MCAO, sin suerte. Cuatro meses después, recibió una carta que la rechazaba sin ninguna explicación de la directora del Buró de Crímenes Especiales.

Rechazo automático

Aunque algunas agencias hacen uso de la discreción y son más flexibles a la hora de decidir si certificarán el formulario, la Oficina del Procurador del Condado Maricopa (MCAO), encabezada por el republicano Bill Montgomery, mantiene una política de rechazar todos menos una pequeña fracción de los casos. Para víctimas como Tristán, que buscan ayuda de los fiscales como el último recurso, está política se ha convertido en un obstáculo inamovible para poder alcanzar una visa.

“No quiero que mi oficina esté en una situación de ayudarle a alguien a obtener un estatus legal con el fin de encausar un caso criminal”, explicó Montgomery en una entrevista. Desde el 2009, esta agencia ha recibido 83 solicitudes, rechazado 19, referido 7 a otras agencias y sólo certificó 6. Hacia mediados de octubre habían 51 casos rezagados que aún no han sido considerados por la agencia de acuerdo a récords públicos de MCAO.

Entre los pocos casos que MCAO certificó se encuentra el de una inmigrante latina que fue víctima del “Asesino de Baseline” un violador en serie cuyo caso tuvo relevancia nacional. Montgomery explicó que en ese caso se tomó la decisión porque era “absolutamente necesario para resolver la situación”, pero agregó que “no quiero que los abogados de inmigración se acostumbren a estar pidiendo visas para alguien porque fue la víctima de un crimen.”

Las jóvenes que asaltaron a Tristán y robaron su automóvil se declararon culpables mediante un acuerdo después de que la inmigrante ofreció ayuda a los fiscales.

“No hubo juicio. ¿Para qué vamos a darle una (certificación de la) visa “U”?” dijo Jerry Cobb, portavoz de MCAO. “La única manera en la que nos involucramos es si necesitamos a la persona para investigar un delito”.

Rowberry refutó este argumento considerándolo injusto.

“Esta no es una visa para testigos de un crimen; es una visa para víctimas”, enfatizó.

De hecho, la ley no requiere que una víctima testifique en un juicio o que la policía presente cargos ante el fiscal para otorgar la certificación de la visa “U”. Simplemente indica que un individuo “haya sido útil, sea útil, o probablemente sea útil en la investigación o proceso judicial de un crimen”, de acuerdo a UCSIS.

Por ley Montgomery puede usar su criterio para decidir si se otorgará una certificación, por ejemplo cuando necesita alguien que permanezca en los Estados Unidos como testigo. Pero la manera en la que MCAO ha tratado estos casos, despierta interrogantes sobre si la ley ofrece demasiada flexibilidad para que las agencias decidan –aún en casos en que las víctimas cuentan con todos los requisitos para recibir una certificación.

“Hay una parte en la ley que queda abierta a la interpretación”, dijo Christina Ortecho, abogada de inmigración de Friendly House, una organización sin fines de lucro que brinda servicios a la población hispana. “El Congreso no ofreció detalles de lo que (las agencias) pueden considerar o no” a la hora de decidir sobre un pedido de certificación.

Ecos de Arpaio

En su papel como fiscal, Montgomery trabaja de cerca como la agencia que lleva adelante los procesos judiciales de la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa, que está a cargo de Joe Arpaio, conocido nacionalmente por su postura dura contra la inmigración ilegal y por darle prioridad a la implementación de leyes estatales relacionadas con eso.

Pero Montgomery asegura que la postura política de Arpaio no tiene influencia sobre sus funciones.

“Las decisiones que yo he tomado en respecto a la visa “U”, no las he hecho en consulta con la oficina del sheriff. Eso es algo que como fiscal es completamente independiente”, agregó Montgomery.

El procurador aseguró que ha hecho un esfuerzo conciente de no politizar el tema del control de la inmigración.

“No quiero verme en una situación en la que implemento políticas para controlar (la inmigración) más allá de mis facultades o de operar una agencia de facilitación (de visas “U”)”, dijo. En una reunión en el 2011, apenas un año después de llegar a su puesto, Montgomery le dejó muy claro a un grupo de abogados latinos que no certificaría los formularios relacionados con la visa “U”.

A pesar de que Montgomery no ha tomado una postura públicamente anti-inmigrante como su antecesor, ha seguido los pasos de su ex jefe sigilosamente. Se trata de Andrew Thomas, un republicano que perdió su licencia de abogado después de que la Barra de Abogados de Arizona determinó que violó normas de la ética cuando estaba en su puesto.

Thomas y Arpaio trabajaron de cerca como aliados políticos para implementar como ninguna otra fuerza de la ley en el estado, algunas de las leyes más duras contra la inmigración ilegal del país, incluyendo una ley que sancionaba a los empleadores por contratar mano de obra indocumentada.

Como fiscal Thomas también comenzó a utilizar esa ley para presentar cargos contra inmigrantes que trabajaban con papeles falsos después de ser arrestados en redadas del sheriff Arpaio. El ex procurador llegó a decir públicamente que esta era una estrategia para generar un record criminal que dañaría la posibilidad de que estas personas ajustarán su estatus migratorio en los Estados Unidos en un futuro.

Montgomery ha continuado implementando estas leyes de la misma manera, pero no lo publicita como Thomas.

Desde el 2011, su agencia ha presentado cargos contra 300 trabajadores por robo de identidad a la par que presentó sólo un caso civil contra un empleador. Se trata aproximadamente del mismo número de cargos que Thomas presentó del 2008 a mediados de 2010 cuando dejó su puesto para postularse como procurador general.

Al igual que Thomas, Montgomery utilizó una ley para combatir el trafico de seres humanos para presentar cargos contra inmigrantes indocumentados por “conspirar” con los traficantes para ingresar al país ilegalmente.

Montgomery explicó que apoya está modalidad de implementar la ley por “razones humanitarias complejas” argumentando que el presentar cargos contra quienes usan los servicios de los llamados “coyotes” es un motivo más para que no arriesguen su vida cruzando el desierto.

Pero su postura sobre la visa “U” ha llevado a cuestionar si después de todo está adoptando una postura más anti-inmigrante que humanitaria.

“A el no le importa que al tomar está actitud inflexible está empujando a una parte de la comunidad a que no salga a la luz (para reportar crímenes)”, dijo Delia Salvatierra, una abogada de inmigración. Salvatierra dijo que dejó de enviar solicitudes de certificación con MCAO. En lugar de hacer eso ahora trata de obtenerlas a través de la policía, pero reconoce que no es la mejor alternativa dado que los fiscales tienden a tener más información sobre un caso que la policía.

El proceso de solicitud de una visa “U” con USCIS puede tardar hasta 12 meses, de acuerdo a varios abogados de inmigración –eso sin contar el tiempo extra que se necesita para conseguir la certificación de una agencia de la ley.

“Tiene que existir una alternativa. Conseguir la visa o no conseguirla, no debe depender de dónde sucedió el crimen”, dijo Valerie Hink, una abogada del Centro de Asistencia Legal del Sureste de Arizona, quien ha abogado por esta visa por años.

La abogada de Friendly House, Ortecho coincide con Hink.

“Cuando sientes que el sistema te ha fallado, estás menos dispuesto a participar en el futuro”, dijo Ortecho. “Están volviendo a hacer una víctima de la víctima, porque se le está diciendo que el delito que se cometió en su contra no es lo suficientemente serio”.

Aumentan solicitudes con la policía

USCIS sólo otorga 10,000 visas “U” por año. Entre octubre de 2011 a julio de 2012, esa agencia recibió más de 20 mil solicitudes. Para agosto ya había otorgado casi la mitad.

Y el número de solicitudes de visas puede continuar creciendo.

Una revisión de los departamentos de policía del Condado Maricopa que llevan el registro, demuestra que ha aumentado el número de solicitudes para certificar casos de víctimas al igual que las que han sido otorgadas entre el 2011 y el 2012.

Uno de los motivos puede ser que abogados como Salvatierra están buscando la certificación con la policía, ahora que el Condado Maricopa ha cerrado las puertas.

Pero Tommy Thompson, un vocero del Departamento de Policía de Phoenix dijo que les preocupa que este incremento esté relacionado con actividades fraudulentas.

Desde que inició este año, el Departamento de Policía recibió 125 solicitudes en comparación a 25 en el 2011. La mayoría fueron certificadas.

Thompson dijo que el clima político hacia los inmigrantes está incrementando el temor entre muchos de ellos, haciendo que busquen todas las alternativas posibles para ajustar su estatus en el país. Según el vocero, esto hace que estén en riesgo de caer en las manos de personas inescrupulosas que quieran tomar ventaja del proceso de certificación argumentando que fueron víctimas cuando no fue el caso.

“Me preocupa que ahora piensen que ese es un camino fácil para conseguir una visa y quedarse legalmente aquí”, dijo Thompson.

El recuerdo del asaltó y el robo todavía persigue a Tristán. Vendió su automóvil para borrar las memorias. Ahora toma el autobús para ir a ver una vez a la semana a un sicólogo de Servicios Católicos. Y no le gusta caminar sola.

“Si no les parece que lo que me pasó es horrible, no se que más quieren, que me hayan lastimado, que me hayan matado. No fue fácil lo que me pasó”, dijo Tristán quien no pierde la fe en que tanto la policía como el procurador reconsideren su caso.

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