Derrota legal a la Administración Trump: No podrá exigir seguro médico a inmigrantes

El Gobierno federal había solicitado la suspensión de la orden judicial que le impide poner más trabas burocráticas a los solicitantes de asilo

4 de mayo de 2020 – Agencias.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha apoyado este lunes la orden judicial que impide a la Administración Trump solicitar prueba de plan de seguro médico a los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de los inmigrantes en Oregón celebraron la decisión de la corte.

“Estamos encantados de que el Noveno Circuito haya permitido que este mandato judicial continúe protegiendo el sistema legal de inmigración basado en la familia promulgado por el Congreso”, dijo la abogada Naomi Igra, del despacho Sidley Austin LLP, en un comunicado.

Las organizaciones Latino Network, Justice Action Center (JAC), The American Immigration Lawyers Association (AILA), Innovation Law Lab y el despacho de abogados Sidley Austin LLP interpusieron una demanda para frenar la petición de la Administración que había solicitado la suspensión de la orden judicial otorgada el 26 de noviembre por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Portland, Oregon.

La suspensión de dicha orden le habría permitido a la Administración implementar de inmediato la proclamación presidencial del 4 de octubre, que exige que los inmigrantes autorizados demuestren que tienen un tipo específico de plan de seguro de salud, o que pueden pagar la atención médica de su bolsillo, para poder ingresar a Estados Unidos.

La proclamación debía entrar en vigencia el 3 de noviembre de 2019, pero al impedir su implementación se pudieron otorgar 25,000 visas que hubieran sido denegadas. Se contabiliza que dos tercios de los inmigrantes legales se hubieran quedado sin entrar en el país, sin haber demostrado hasta la fecha la Administración la eficacia de dicha medida en caso de haber sido implementada.

Las organizaciones demandantes alegan que dicha medida es ilegal y afectaría a más de 300,000 personas al año, favoreciendo la separación de familias y frenaría la llegada de talento internacional.

Jeff Bless, director de litigios federales de AILA, dijo en un comunicado que “gracias a esta decisión muchas familias pueden respirar aliviadas ya que se ha reconocido el daño irreparable que se habría infligido de haberse suspendido la orden judicial”.

Por su parte Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, dijo que “la larga tradición de Estados Unidos de reunir a las familias a través de su sistema de inmigración es un componente clave de la estabilidad, prosperidad y fuerza colectiva de la nación”.