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Doctor de Seattle trató de aprovecharse de ayuda económica por coronavirus pero salió perdiendo

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El hombre está acusado de presentar varias solicitudes con información distorsionada.

Eric R. Shibley buscó obtener de manera fraudulenta más de $3 millones de dólares federales

1 de julio de 2020 – Agencias.

Un doctor de Seattle fue detenido este martes tras ser acusado de tratar de conseguir de manera fraudulenta más de tres millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de la Nóminas (PPP, por sus siglas en inglés), creado como ayuda durante el coronavirus a pequeñas empresas.

Eric R. Shibley, de 41 años, fue acusado por denuncia penal de fraudes electrónico y bancario. El hombre, arrestado en el Distrito Oeste de Washington, hizo este mismo martes su aparición inicial ante la jueza magistrada de Estados Unidos, Michelle L. Peterson, publica en un comunicado la oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés).

Según la denuncia, Shibley solicitó varias veces el préstamo federal a diferentes entidades financieras que cuentan con el respaldo de Gobierno federal, a otros prestamistas que ha aprobado la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y a la propia SBA en nombre de negocios sin operaciones reales o tergiversando la solicitud.

El acusado presuntamente distorsionó información respecto al número de empleados y los gastos de nómina en varias solicitudes y ocultó su propio historial criminal. El doctor adjuntó a sus solicitudes documentos fiscales falsos y nombres de supuestos empleados que, en realidad, no trabajaban para los negocios indicados. De esta manera, Shibley trato de conseguir más de $3 millones de dólares en préstamos federales PPP.

Además de las ayudas económicas directas a los contribuyentes, la Ley Cares que el Congreso aprobó a finales de marzo recoge estímulos a pequeñas empresas a las que reserva una partida de $349 mil dólares para préstamos que no tienen que devolverse si el negocio beneficiario no ejecuta despidos. En abril, el Congreso autorizó otros $300 mil millones para el programa.

Los empresarios que obtengan la prestación se comprometen a usar el dinero para pagar las nóminas de los trabajadores, los intereses de las hipotecas, las rentas y los gastos de los establecimientos.

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