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Colombia debate extraditar exguerrilleros que incumplan el acuerdo de paz

Jesús Santrich, dirigente de la FARC acusado de narcotráfico.

La mayoría de los candidatos presidenciales prometen enviar a Estados Unidos al exjefe de las FARC Jesús Santrich, acusado de narcotráfico

11 de mayo de 2018 – Bogotá – Agencias.

En su primera campaña presidencial tras haber firmado la paz con las FARC, Colombia no logra pasar la página del conflicto armado. Todavía falta mucho por saber, y los espinosos esfuerzos por alcanzar la verdad y reparar a las víctimas se topan con la justicia de Estados Unidos. El inminente caso de Jesús Santrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, no solo ha tensado la implementación de los acuerdos, también reabrió el debate sobre la conveniencia de extraditar a los líderes de los grupos armados que asolaron por medio siglo al país.

El dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido del acuerdo de paz, fue capturado el 9 de abril, señalado de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Su caso pone en evidencia, una vez más, la tensión entre los derechos de las víctimas, contemplados como un eje fundamental del pacto alcanzado en noviembre de 2016, y el deber del gobierno colombiano de cooperar con Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Ante la sorpresiva captura de Santrich, el presidente Juan Manuel Santos dijo que, de ser hallado culpable, no le temblaría la mano para enviarlo a una cárcel norteamericana. Pero la decisión recaerá casi con seguridad en su sucesor, pues el proceso suele durar en promedio unos 10 meses, aun sin involucrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional.

Todos los aspirantes en la primera vuelta del 27 de mayo se apresuraron a mostrarse favorables a sacarlo del país. “El que la hace la paga”, afirmó Iván Duque, el líder de las encuestas que cuenta con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, mientras Gustavo Petro, representante de la izquierda antiestablishment que marcha en segundo lugar, declaró que “si la JEP confirma los hechos… y soy presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado”.

Investido por su autoridad como exnegociador de paz, Humberto de la Calle, rezagado en los sondeos, dijo en un primer momento que lo extraditaría. Pero después, ante una versión del Wall Street Journal –desmentida por la Fiscalía colombiana- que apuntaba a un nuevo caso contra Iván Márquez, otro dirigente de la FARC, hizo un llamado a pensar las implicaciones que tendría para la paz. “Dados los intereses de seguridad nacional, creo que es la justicia colombiana la que debe examinar a fondo las pruebas”.

Su postura no provocó ningún giro en los demás aspirantes, pero varias voces han señalado que extraditar a Santrich sería inconveniente. El debate ha revivido argumentos esgrimidos cuando el gobierno de Uribe (2002-2010), férreo opositor del pacto con las FARC, decidió extraditar apresuradamente la madrugada del 13 de mayo de 2008, por delitos relacionados con narcotráfico, a 14 jefes paramilitares que se habían sometido a la ley de Justicia y Paz pero seguían delinquiendo desde la prisión.

Esa decisión frenó las investigaciones sobre los crímenes del paramilitarismo, que incluían sus alianzas con la clase política. Además, varios jefes recibieron un trato indulgente, con penas reducidas por cooperar con las autoridades norteamericanas, y al menos dos incluso obtuvieron la residencia, según un reportaje del New York Times.

Un garrote con larga tradición

La extradición, con larga tradición en Colombia, ha sido una importante herramienta política y disuasoria. En tiempos de los grandes capos del narcotráfico, a finales del siglo pasado, se acuñó la frase de que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. El propio Santrich ha dicho que prefiere morir antes de ser condenado en una corte norteamericana, y se ha mantenido durante el último mes en huelga de hambre. Este jueves fue trasladado del hospital El Tunal a una sede de la Conferencia Episcopal, en lugar de la cárcel La Picota, por razones humanitarias.

El acuerdo con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia prevé que los exguerrilleros pierdan los beneficios judiciales y puedan ser extraditados si cometen un delito posterior a la firma, como ocurrió con Santrich según la Fiscalía. Aunque su caso debe pasar antes por la JEP, para determinar la fecha, y la Corte Suprema de Justicia, la decisión última recae en el presidente.

En un país donde no existe la pena de muerte ni el indulto presidencial, la extradición se ha convertido en un poder equivalente para los mandatarios, apunta el politólogo Alfonso Cuéllar, conocedor de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. “Es un ‘garrote’ que debe utilizar de manera estratégica, y no automáticamente”, señala. “No deberíamos ser tan impulsivos”.

Extraditar a Santrich “evitaría que acuda a la JEP, como ya se comprometió a hacerlo, y puede afectar la desmovilización y reincorporación” de los excombatientes, con el riesgo añadido de alimentar las disidencias de las FARC, advierte por su parte el jurista Rodrigo Uprimny, investigador del centro de pensamiento DeJusticia. Argumenta que existe una tradición jurídica colombiana sobre el derecho de las víctimas que debería prevalecer.

La extradición es vista como un castigo ejemplarizante, pero puede ser costosa en términos de verdad y reparación, además de enviar el mensaje de que el narcotráfico es más grave que los crímenes de guerra más atroces.

Los candidatos deben preguntarse “si la responsabilidad hacia adentro no es más importante con las víctimas que la responsabilidad hacia fuera en materia de la lucha contra las drogas”, señala Sandra Borda, decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. “Es mucho más importante, en un momento de transición hacia un escenario de posconflicto tan frágil como el que tenemos, darle prioridad a la cuestión de las víctimas”.

En campaña, cuestionar la eventual extradición de Santrich es impopular, entre otras por el marcado rechazo a la exguerrilla entre la mayoría población y la desconfianza ciudadana hacia un desprestigiado sistema judicial. Ningún aspirante quiere lucir blando, ni enemistarse con Washington. Pero sorteadas las elecciones, la decisión presidencial puede tener otras implicaciones. Para entonces, tanto la JEP como la Comisión de la Verdad estarán a plena marcha, y en el nuevo Congreso la FARC tendrá los escaños garantizados en el acuerdo –en principio 10, aunque podría perder el que ya estaba asignado a Santrich -. Solo entonces el sucesor de Santos definirá si es conveniente apegarse a la retórica.

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