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El desamparo de los periodistas amenazados en México: “Mi muerte tenía fecha”

Una mujer vela el ataúd del periodista Celestino Ruiz, asesinado el pasado 3 de agosto en su casa en Actopan, en el estado mexicano de Veracruz. VICTORIA RAZO AFP / Getty Images.

México es el país en paz más peligroso para los periodistas. Los tres últimos fueron asesinados en cuatro días, entre el 30 de julio y el 2 de agosto

13 de agosto de 2019 – Ciudad de México – Agencias.

El reportero Héctor Valdez se marchó de su pueblo en el sur de México para huir de una fecha: el 10 de mayo, el día en que lo iban a asesinar. “Si me hubiese quedado allí, ya me habrían matado y no habría pasado nada”, cuenta este periodista, refugiado desde hace unos meses en Ciudad de México. Un sentimiento de impotencia común en el país. A ocho meses del comienzo del nuevo Gobierno, nueve informadores han sido asesinados en medio de un clima de hostigamiento que no tiene visos de que vaya a disiparse.

El día antes de su partida, Valdez, de 54 años, había cubierto el tercer tiroteo de la jornada en Tulum, el pueblo caribeño donde vivía, en el turístico Estado de Quintana Roo. Tras grabar un vídeo con el móvil, se dirigió al coche para subirlo a su portal de noticias Tulum en red. Hacía un calor sofocante y dejó la puerta abierta. “De pronto, pasa un tipo caminando, común y corriente, se me queda mirando y me dice: ‘¡Tú te vas a morir mañana, chingada!”, recuerda. A la mañana siguiente, Valdez se marchó con una maleta y tres mudas de ropa.

La ola de asesinatos que vive México desde hace más de una década ha dejado un rastro de violencia contra los periodistas: 3.594 agresiones y 95 asesinatos desde finales de 2006 hasta 2018, según el registro de la ONG Artículo 19. La tendencia no se ha frenado en los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los asesinatos, nueve en apenas ocho meses, van camino de batir un récord desde que Artículo 19 empezó a contarlos en el año 2000.

Los últimos días de julio y primeros de agosto fueron fatídicos. El martes 30 de julio, encontraron el cuerpo del director de un medio en el maletero de un coche. Ese mismo día, un grupo de encapuchados atacó con bombas molotov a un diario local de Chihuahua, al norte del país. Y el viernes 2 de agosto murieron tiroteados otros dos reporteros.

El perfil de las víctimas se repite: informadores de medios locales que cubren nota roja, como se conoce en México a las noticias de crímenes. A menudo provocan campañas de acoso y derribo en su contra, sobre todo cuando tocan temas de corrupción. Jorge Ruiz, uno de los reporteros asesinados el 2 de agosto, había denunciado ataques a su domicilio tras publicar artículos críticos con la gestión del Ayuntamiento de Actopan, una localidad de 40.000 habitantes en Veracruz, al este del país.

Valdez tiene una historia parecida. En mayo asistió a una de las ruedas de prensa diarias del presidente López Obrador para pedirle protección. Denunció amenazas y criticó a las autoridades locales. Varios funcionarios de Tulum cargaron contra él. “El saraguato si no se protege pronto se va a extinguir”, escribió el director general de obras públicas de la localidad en su cuenta de Facebook. El saraguato, el apodo que utilizan sus detractores para referirse a él, es un mono aullador de la región, en peligro por la deforestación. Una comparación preocupante.

Frente a los abusos, las entidades encargadas de proteger a los periodistas amenazados carecen de presupuesto, personal y capacitación, según las organizaciones de la sociedad civil. “México cuenta con instituciones, pero las cifras siguen siendo comparables a las de zonas de guerra”, asegura el representante en México de la ONG Comité para Proteger a Periodistas Jan-Albert Hootsen.

Según la organización internacional Reporteros sin Fronteras, Siria es el país que más asesinatos acumula en los últimos años, aunque en 2018 fue Afganistán el más mortífero: 14 periodistas y dos colaboradores asesinados. México, entre los países en paz, es el más peligroso para estos profesionales.

El mecanismo federal de protección, que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior) y se encuentra en revisión, tiene un presupuesto para este año de unos 10 millones de dólares (8,8 millones de euros) para cubrir a 948 personas, entre reporteros y activistas. Las autoridades han reconocido que no es suficiente y que buscarán más recursos para 2020 en un país marcado por la austeridad y los recortes.

A Félix Bigman, el apodo que utiliza un reportero de 46 años de Yucatán, al sur del país, el mecanismo le ha fallado. Entró hace más de dos años. Le prometieron un botón del pánico, cámaras de seguridad y vigilancia policial periódica: las cámaras nunca llegaron, solo ha visto patrullas un par de veces y el botón del pánico, que sí recibió, no le sirvió de mucho. “Una vez lo pulsé. La Policía Federal me llamó para decirme que no iba a ser posible enviar una patrulla porque estaban en un operativo”, cuenta. Un portavoz del mecanismo asegura que son “casos aislados” y que los retrasos se pueden deber al hecho de que algunos periodistas viven en “comunidades aisladas”.

Responsabilidad cruzada

A veces, los fallos en la protección pueden ser mortales. En el caso del asesinato de Jorge Ruiz, la Fiscalía local acusó al Gobierno veracruzano de haber suspendido su escolta unas semanas antes. El Ejecutivo local, controlado por Morena, el partido de López Obrador, rechazó la acusación y culpó a la Fiscalía, encabezada por opositores, de no haberle proporcionado la dirección de su tienda de ultramarinos, donde fue asesinado.

Entre uno y otro, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) de Veracruz, que asesoraba a Ruiz, ha reconocido errores. “Si no hay coordinación el resultado puede ser este”, dice su presidenta, Ana Laura Pérez. “Se deberían haber evaluado mejor los riesgos”.

Más allá de los fallos en la protección, el problema de fondo es la impunidad. El 99,13% de estas agresiones queda sin condena, según Artículo 19. Uno de esos casos, el asesinato del reportero Francisco Pacheco a la salida del colegio de sus hijas, lleva tres años encallado. Recientemente, su hija Priscila, abogada de 27 años, se llevó un jarro de agua fría al acudir a una cita con la Fiscalía especializada, cuyo responsable no ha querido hasta el momento hacer declaraciones. “Lo quieren encuadrar en un crimen pasional con base en un testimonio anónimo”, se lamenta.

Los expertos creen que las autoridades a veces buscan evitar conectar los asesinatos al ejercicio del periodismo. “Es más fácil decir que es pasional porque vincularlo a su trabajo puede tocar a gente de poder”, reconoce Ana Laura Pérez, de Ceapp. “Si seguimos con la inercia de que no haya sentenciados por los asesinatos, no va a cambiar nada”, asegura Colín, de Artículo 19.

En Ciudad de México, Valdez divide su tiempo entre el apartamento seguro donde vive, pagado por el Gobierno federal, y la cafetería de la esquina con su escaparate de galletas y pasteles. Allí toma el café de cara a la ventana, una vieja costumbre que mantiene por si acaso. “Para ver quién está llegando”, explica. Por ahora, su vuelta a Tulum no tiene fecha: “Ese es mi lugar, pero no soy un suicida”.

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