8 de febrero de 2024 – Washington – EFE.
Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitieron reticencias sobre las implicaciones que podría tener a nivel nacional para las elecciones de noviembre validar la decisión del estado de Colorado de eliminar a Donald Trump (2017-2021) de las primarias republicanas por su papel en el asalto al Capitolio.
Tanto los magistrados más progresistas -como Sonia Sotomayor o Elena Kagan- como los más conservadores -entre ellos el presidente del TS, John Roberts- sugirieron en sus intervenciones la incomodidad con la idea de que los estados individuales interpreten la elegibilidad constitucional de un candidato para un cargo nacional.
“Todo se reducirá a un puñado de estados que decidirán las presidenciales” y esto es “una consecuencia bastante desalentadora”, afirmó Roberts, quien predijo que una decisión que dé la razón a Colorado podría conducir a que haya intentos en todo el país de descalificar a candidatos.
Este ha sido uno de los argumentos centrales de la audiencia tras la que se determinará si la expulsión de Trump de las primarias republicanas en Colorado por su papel en el asalto al Capitolio de enero de 2021 es constitucional y si, por lo tanto, Trump está inhabilitado para volver a la Casa Blanca.
Donald Trump llama a la acción antes de audiencia
Unas horas antes del comienzo, el expresidente volvió a acusar al Partido Demócrata de intentar eliminarlo de la papeleta electoral.
“Este es el mayor desafío legal que jamás hayamos enfrentado. Las discusiones ya han comenzado.
Entonces, en este mismo momento, hago un llamado a todos los patriotas pro-Trump a que contribuyan y digan con orgullo: ¡mantén al presidente Trump en la papeleta!”, apuntó a través de un comunicado.
La decisión del Supremo, que no se conocerá hoy, podría alterar las elecciones presidenciales del próximo noviembre, en las que el magnate neoyorquino es el gran favorito para hacerse con la nominación republicana y batirse de nuevo con el presidente, Joe Biden, candidato demócrata.
Supremo enfrenta presión electoral
El Supremo deberá tomar una decisión con premura debido al apretado calendario electoral, pero los analistas dudan de que haya un fallo antes del supermartes del 5 de marzo, cuando 15 estados, incluido Colorado, celebrarán sus primarias.
El tribunal actual está sesgado a la derecha, con seis jueces conservadores, tres de ellos nominados por Trump, y solo tres jueces progresistas.
Sin embargo, la corte no siempre ha estado del lado del republicano y desestimó sus denuncias de fraude electoral en 2020.
La Justicia de Colorado dictaminó en diciembre que la Enmienda 14 inhabilita a Trump por su supuesta participación en la insurrección del Capitolio.
Expulsión de Donald Trump y otras demandas
Bajo el mismo argumento, las autoridades electorales de Maine también expulsaron a Trump de las primarias. Además, varios activistas y organizaciones han presentado demandas similares en al menos 11 estados y están pendientes de que el Supremo se pronuncie.
En el centro del debate se encuentra la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución.
El texto establece que ningún “miembro del Congreso o funcionario de Estados Unidos” que haya jurado la Constitución y “participado en una insurrección o rebelión” podrá ser “electo presidente o vicepresidente”, entre otros cargos públicos.
La Enmienda 14, de 1868, surge tras la Guerra Civil para prevenir que los rebeldes sureños de la Confederación, que violaron la Constitución, retomen el poder.
¿Puede la Enmienda 14 alcanzar a Donald Trump?
Los dos bandos están enzarzados en un debate jurídico sobre si la enmienda se puede aplicar a Trump dado que el texto habla de “funcionario” pero no menciona explícitamente al presidente.
La defensa afirma que Trump no incitó la insurrección, instando a sus seguidores a comportarse pacíficamente, pero la acusación lo responsabiliza por la violencia.
Esta es la primera vez en la historia que el tribunal más alto del país escucha un caso relacionado con la Sección 3 de la Enmienda 14, un texto que había quedado en desuso después de que el Congreso amnistiara en 1872 a la mayoría de rebeldes confederados.
