En nueve años, ambos Ejecutivos condonaron deudas a personalidades políticas mexicanas como la líder del partido del presidente López Obrador, Yeidckol Polevnsky
3 de octubre de 2019 – México – Agencias.
México perdonó 274.000 millones de pesos en impuestos, unos 13.000 millones de dólares, en nueve años. Entre 2007 y 2015, los Gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) condonaron deudas a grandes empresas, entidades públicas, clubes de fútbol, así como a personalidades de la política y de la cultura. La lista de beneficiados, divulgada este martes, incluye a políticos como el exmandatario Carlos Salinas o la líder de Morena -el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador-, Yeidckol Polevnsky. La publicación de los datos coincide con el impulso del actual Gobierno para prohibir estas prácticas.
La lista, entregada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tras un largo litigio con la ONG Fundar, ilumina uno de los rincones más opacos de la política pública. La condonación fue una herramienta que el poder ejecutivo utilizó con frecuencia para recuperar parte de lo adeudado y así evitar litigios que se podían demorar años. 2013, primer año del Gobierno de Peña Nieto, fue el más pródigo en este proceder, con un monto total condonado de al menos 115.000 millones de pesos en valor presente -casi el doble de lo perdonado en 2008, cuando la Administración de Felipe Calderón condonó alrededor de 70.000 millones de pesos-. Los datos cubren tan solo la primera mitad del sexenio de Peña Nieto. Si se añaden los tres años restantes, la cifra de lo perdonado durante las dos Administraciones es probablemente muy superior a los 274.000 millones.
El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el economista Héctor Villarreal, apunta al abuso en la utilización de esta herramienta, cuyo propósito original era beneficiar a pequeños contribuyentes y a empresas en quiebra. “Si bien tiene una parte noble, se puede prestar a muchas trampas”, explica el economista. “Todo crédito fiscal tiene un costo al erario”. Más allá de la opacidad de la herramienta, la directora de Fundar, Haydée Pérez, cuestiona su eficacia. Los dos principales programas de condonación, lanzados al inicio de ambos sexenios, lograron recuperar una pequeña parte de lo adeudado: apenas un 14% en 2007 y un 25% en 2013, según el análisis de la ONG. El resto esquivó las arcas públicas.
La frecuencia de las amnistías creó, según apunta Pérez, “incentivos perversos para no cumplir con las obligaciones fiscales”. Hay más de 1.300 contribuyentes que se acogieron a los programas tanto en 2007 como en 2013. De estos, 15 morosos reincidentes sumaron perdones por un valor de más de 83.000 millones de pesos.
Felipe Calderón ha defendido en un comunicado publicado este miércoles en su cuenta personal de Twitter la medida impulsada al inicio de su sexenio como una herramienta para “regularizar” las deudas fiscales. Al mismo tiempo, ha rechazado que él decidiera de forma “arbitraria” quién se beneficiaba. Peña Nieto no ha emitido ningún comunicado al respecto.
México arrastra las peores cifras en recaudación tributaria de todos los países que componen la OCDE, un 16% sobre el PIB comparado con el promedio grupal del 34%, según datos del organismo para 2017. La talla del sector informal y los múltiples agujeros del sistema fiscal son dos de los factores detrás de esta situación. Como ejemplo de la dimensión del desafío, el monto perdonado en los nueve años bajo lupa es equiparable al gasto total en educación programado en los presupuestos de 2018.
Los diez principales beneficiados acapararon el 24% de impuestos condonados y son entidades públicas y empresas privadas. La Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública de electricidad, consiguió perdones por valor de casi 14.000 millones de pesos, mientras la farmacéutica Roche y el grupo lechero Lala, obtuvieron beneficios de 2.874 y 2.428 millones de pesos, respectivamente.
Además, la lista pone al desnudo a personalidades importantes de la vida pública mexicana. Sobresale el nombre del exmandatario Carlos Salinas (PRI), quien recibió un perdón de ocho millones de pesos en 2007, primer año de la Administración de Calderón. El polémico abogado Juan Collado, el letrado de la élite mexicana actualmente en prisión preventiva, dejó de pagar 12 millones. También salen tocados personajes próximos al presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2013, el Gobierno de Peña Nieto perdonó 16 millones de pesos a la líder de Morena y antigua empresaria Yeidckol Polevnsky, y otros nueve a la exatleta y actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara.
El mundo de la cultura no se queda atrás. Los ya fallecidos músicos Juan Gabriel y José José, iconos de la canción mexicana, se libraron de pagar 121 millones y casi 11 millones respectivamente. A la también cantante Paulina Rubio (23 millones) y a la actriz y exesposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, casi dos millones.
Ante el estallido de estos agujeros fiscales, la actual Administración busca ahora taponarlos. La Cámara de Diputados aprobó a finales de septiembre una reforma constitucional para prohibir la condonación, que está pendiente del visto bueno del Senado. El economista Héctor Villarreal ve positiva la medida. “El código fiscal está lleno de huecos que hay que cerrar”, sostiene. Tras la publicación de la lista, López Obrador ha hecho un llamado a “fortalecer la hacienda pública”, sin mencionar explícitamente a los personajes en la órbita de su Gobierno que figuran en la lista.
La publicación de la lista de beneficiarios llega precedida de cuatro años de litigios entre el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la ONG Fundar, la solicitante de la información. El instituto nacional de transparencia (INAI) emitió en 2015 una resolución que obligaba a las autoridades tributarias a entregarla, pero estas se resistieron. Hace un año, un juez ordenó al SAT cumplir con dicha resolución e impuso el 30 de septiembre como fecha límite para ello. Aun así, todavía quedan por publicar los nombres de 201 contribuyentes que han presentado un amparo ante el poder judicial para evitar que se revelen sus identidades.
