19 de octubre de 2017 – Excelsior.
Una jueza estadunidense ordenó este miércoles al Gobierno del presidente, Donald Trump, que deje abortar a una inmigrante de 17 años que cruzó la frontera con México de manera irregular el mes pasado y está bajo custodia de las autoridades federales.
La decisión se produjo durante una audiencia en la corte del Distrito de Columbia, en Washington, según recoge el diario The Washington Post.
Durante la vista, la jueza Tanya S. Chutkan dijo estar atónita ante las restricciones impuestas por el Gobierno, puesto que en Estados Unidos el aborto está permitido desde 1973, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado no puede interferir en la decisión de la mujer sobre la interrupción de su embarazo.
Los abogados del Gobierno defendían que la inmigrante no tenía derecho a abortar mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades, a no ser que se tratara de una emergencia médica.
De esa forma, a juicio de Chutkan, quien fue nombrada por el expresidente Barack Obama, el Gobierno de EU le estaba ofreciendo a la inmigrante únicamente dos opciones: volver a la nación de la que había huido para obtener un aborto o seguir adelante con un embarazo no deseado.
Así, la magistrada ordenó al Gobierno de Trump que transporte a la adolescente o que permita que un tutor la lleve con prontitud y sin demora a un centro médico para abortar cercano al lugar en el que está detenida en Brownsville, Texas.
El veredicto dictado está limitado al caso de “Jane Doe” -nombre genérico para proteger la identidad de la adolescente- y caducará en 14 días, por lo que se prevé que el proceso de eliminación del feto se dé esta misma semana.
La letrada expresó que, a pesar de que el coraje y la perseverancia de “Jane Doe” fueron increíbles, nadie debería ir a la corte para obtener un aborto seguro y legal o ser tomado como rehén por un puñado de funcionarios del Gobierno.
Debido a que la ley de Texas requiere el consentimiento de los padres o una autorización judicial antes de que un menor pueda obtener un aborto, “Jane Doe” fue a la corte con ayuda de un abogado y un tutor designado y logró la licencia judicial necesaria.
Sin embargo, el Gobierno federal intervino para bloquear su traslado a la clínica y pidió a la joven que visitara un centro de atención y crisis, organizaciones manejadas por instituciones religiosas que buscan convencer a las mujeres embarazadas para tener el bebé.
